Cortes arremeten contra Congreso. Con la confirmación de la muerte política de dos congresistas, se mantiene intacta la interinidad institucional de una de las Ramas del Poder Público.
La arremetida de las Cortes contra el Congreso Nacional no se ha hecho esperar. La semana pasada la Suprema los llamó a todos para que comparezcan, entre otros, por el delito de prevaricato.
El Consejo de Estado no duerme y las pérdidas de investidura siguen en el orden del día del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El procurador Alejandro Ordóñez tampoco es ajeno a lo ocurrido. Y los doce del patíbulo de la conciliación ya tienen listos los abogados que se encargarán de defenderlos.
Las muertes políticas. Estamos asistiendo a la judicialización de la política, acompañada por la politización de la justicia que sigue en toda su efervescencia como cuando el representante Navas Talero metió en el mismo costal a ochenta y seis Representantes a la Cámara por el oscuro voto del 16 de diciembre cuando se pretendía la segunda reelección de Uribe.
Cabe recordar la injusta muerte política de Luis Alfonso Hoyos, una de las figuras más brillantes de las nuevas generaciones, y de Edgar Perea Arias, cuando el Consejo lo hizo desaparecer del Capitolio por haber transmitido un partido de fútbol, su oficio de toda la vida.
Otras pérdidas de investidura. También cabe destacar las pérdidas de investidura de Pablo Escobar Gaviria, Carlos Oviedo Alfaro, César Pérez García y el ex gobernador del Meta Eduardo Castro Rincón, a quien defendió la nueva ministra de Justicia Ruth Stella Correa Palacio, oriunda de Pereira. Se nos quedaban en el tintero otros nombres: Regina Betancur de Liska, de Antioquia; Tito García, del Huila; “El Tuerto” Gil, Dixon Ferney Tapasco; Enrique Emilio Ángel Barco, la ex gobernadora quindiana Luz Amparo Arbeláez Escalante y la risaraldense Gabriela Zuleta.
En carne de cañón. El Congreso se ha convertido en carne de cañón política para las altas Cortes, tal como lo anticipó en su momento el ex senador vallenato Álvaro Araujo Castro, el hermano de “La Conchi”, cuando dijo que “primero vendrían por todos nosotros y después por Uribe”.
Para muchos, el terrorismo político se está apoderando del Poder Legislativo, que son las propias Cortes las que lo están cerrando, montando en los extramuros de La Picota un Congreso paralelo, en el que tienen asiento Iván Moreno Rojas, por cuenta del carrusel de los Nule, llevándose de contera a su hermano Samuel, el ex alcalde de Bogotá. Los hechos son bien tozudos.
Varios encartados. Es larga la lista de ex presidentes del Congreso metidos en serias dificultades judiciales: Mario Uribe, Javier Cáceres, Carlos García, Miguel Pinedo, Luis H. Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez, Hernán Andrade, Luis Alfredo Ramos y Dilian Francisca Toro.
A todo le sumamos el llamamiento que le ha hecho el procurador Alejandro Ordóñez al ministro de Vivienda Germán Vargas, quien también ofició como Presidente del Congreso.