La Corte Constitucional y la Procuraduría General realizarán una audiencia pública en la Sierra Nevada de Santa Marta, para atender las quejas de los indígenas frente a la minería ilegal en esa región.

Así lo dio a conocer el procurador Fernando Carrillo al anunciar que la Corte Constitucional en pleno participará en el encuentro, el cual pretende abrir un espacio para conocer la situación de los pueblos indígenas. 

“Para esta Procuraduría es un evento digno de destacar por el valor simbólico que representa y por los temas que vamos a discutir”, agregó.

Destacó que la creación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos afianzará "el diálogo y entendimiento con los pueblos indígenas" y manifestó su deseo de que miembros de los cuatro pueblos étnicos de la Sierra Nevada hagan parte de la Entidad. "Nosotros velamos por la defensa de los derechos de los colombianos y mucho más de las minorías étnicas".

Miryam Méndez Montalvo, procuradora delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, dijo sobre esta visita que hará la Corte en pleno, que “una de las grandes preocupaciones son las afectaciones de la minería en la Sierra para los cabildos indígenas, para los mamos, los pueblos en la Sierra, la preservación en la Sierra, no es un tema solamente de las garantías de sus derechos, sino que tienen que ver con la supervivencia de los pueblos, sino también de toda la región”.

Manifestó la Procuradora que “la idea es escucharlos sobre este  tema que de no contenerlos,  los afecta en los derechos ambientales y en la Sierra, esto es un tema que tiene relevancia nacional e implicaciones nacionales. Por lo tanto es necesario una conversación de sensibilización con la Corte Constitucional para la salvaguarda de las poblaciones indígenas y sus territorios”.

De otra parte, el Jefe del Ministerio Público solicitó evaluar tres esquemas de protección que tiene el adulto mayor: sistema de pensiones, Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y servicios sociales complementarios, con la intención de conocer “su pertinencia, progresividad, sostenibilidad y todos los ajustes que se requieren para garantizar que todos los adultos de este país puedan tener una protección suficiente y digna”.

“El adulto mayor es un sujeto de especial protección constitucional y por eso la protección a la vejez es imperativa dentro de un sistema que refleje universalidad, solidaridad y eficiencia”, agregó.

Recordó que luego de esta audiencia saldrá un lineamiento a seguir por parte de la Procuraduría en todo lo que tiene que ver con los derechos ambientales, “tenemos confirmación de la presencia de 348 titulaciones, entre solicitudes y títulos mineros, y esto amenaza gravemente el territorio ancestral”.

Dijo que el respeto a los derechos étnicos siempre será de preocupación no solo para la entidad, sino también para la Corte Constitucional.