Más de dos millones de tutelas ha fallado la Corte Constitucional desde 2009, tiempo en el que ha seleccionado más de 7.000 procesos, sostuvo ayer la presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle.

Con ese dato comenzó la jurista la jornada de rendición de cuentas anunciada por la Corte en medio del escándalo por supuesta corrupción en esa corporación.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, el magistrado Jorge Pretelt ha sido acusado de recibir sobornos para cambiar sentidos de sentencias. El jurista ha dicho que él no recibió los 500 millones de pesos que alega el abogado Víctor Pacheco para reversar una tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia en contra de Fidupetrol. Como prueba alega que la ponencia del sustanciador Mauricio González confirmó lo sentenciado por la Corte Suprema, sentido que fue apoyado por él y que finalmente quedó en firme: que Fidupetrol debía pagarle 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

Reglamento interno

La semana pasada, en medio del escándalo, la Corte anunció que haría una rendición de cuentas pública, jornada que se llevó a cabo ayer.

Precisamente el magistrado González explicó las medidas de optimización en los procesos internos que se han adelantado en los últimos años con el fin de “darle más transparencia, celeridad y eficacia” en las actuaciones del alto tribunal, señalando que existe un vacío legal en los términos de constitucionalidad y de tutela, “sin pretender desconocer la reserva legal en materia de procedimientos judiciales a modo de deberes de los magistrados hemos resuelto introducir reformas al reglamento”.

El jurista anunció que a más tardar el 30 de abril se presentaría dicho reglamento interno, precisando que ya se empezó con la reforma a la selección de las tutelas que ahora será pública, añadiendo que se "adoptarán los más estrictos estándares de conducta judicial".

González reiteró la necesidad de que esa corporación sea relevada de sus funciones electorales y que mientras esto sucede implementarán reglas para la participación de la Corte o de su presidente en la elección de contralor y registrador.

Víctimas

De otra parte, en un escrito de 10 páginas la Rama Judicial y la Corte Constitucional reclamaron su derecho a ser reconocidos como víctimas dentro de la investigación que se le adelanta al magistrado Pretelt.

El texto presentado al representante por Antioquia, Julián Bedoya, del Partido Liberal, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, sostiene que es necesario que se establezca la verdad frente a las denuncias del abogado Pacheco.

Por cierto que la diligencia de indagatoria de Pretelt en la Comisión se aplazó para el lunes.

Renuncia en Corte Suprema

Los magistrados Jesús Vallderrutén y María del Rosario González renunciaron ayer a sus cargos en las Salas de Casación Civil y Penal, respectivamente, de la Corte Suprema.

"La Corte Suprema comparte la profunda preocupación de todos los servidores de la Rama Judicial frente al generalizado clima de desconfianza que se observa en el país hacia la justicia", precisó un comunicado de la Corte./AFP