La productividad legislativa este año divide opiniones. Para muchos congresistas se ha trabajado más que en legislaturas anteriores, no sólo porque desde mediados de febrero se citó a sesiones extraordinarias para estudiar y aprobar el proyecto de reforma a la Ley de Orden Público, a lo que se suma que el acto legislativo para la paz ya pasó el sexto debate, sino porque se han realizado varios debates de control político de profundo calado.

En la otra orilla están los analistas que consideran que este arranque de legislatura ha sido muy desordenado y prueba de ello es que, salvo la Ley de Orden Público y el sí al proyecto de acto legislativo para la paz en quinto y sexto debates en el Senado, es muy poco lo que se ha hecho.

¿Quién tiene la razón? A escasos dos meses de que culmine la segunda parte de la legislatura el Congreso hace un corte de cuentas, en el que se contabilizan los proyectos que ya fueron aprobados este año, los que van a buen ritmo y aquellos a los que el tiempo empieza a amenazar con hundirlos.

Por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que busca promover el empleo y emprendimiento juvenil, llamada ‘Jóvenes sin barreras’. Una de las principales disposiciones de la virtual ley es eliminar la exigencia de la libreta militar para ingresar a un trabajo. Igualmente para que los empresarios le apuesten a contratar jóvenes, se les eximirá del pago de cajas de compensación que equivale al 4% de los salarios. Además, se creará una bolsa de empleo específica para hacer prácticas laborales en el Estado y que serán remuneradas con el salario mínimo.

Otra de las iniciativas que recibió el visto bueno del Congreso es la de la donación de Órganos. La semana pasada la plenaria del Senado aprobó el informe presentado por la Comisión de Conciliación del proyecto de ley que modifica las leyes existentes sobre este delicado asunto. El proyecto amplía la presunción legal de donación de órganos, restringe el beneficio para ciudadanos extranjeros y ordena al Estado estrategias de información para promover esta práctica.

Como se dijo, a estos dos hay que sumar la ya aprobada Ley de Orden Público. La iniciativa, de origen gubernamental, fue discutida y viabilizada en las sesiones extraordinarias de comienzos de año y establece mecanismos de dejación de armas, desmovilización y reinserción de grupos armados.

El principal aspecto reglamentado fue la resurrección de las “zonas de ubicación” para albergar a los guerrilleros en medio de un cese el fuego y de hostilidades, punto que es clave para el proceso de paz con las Farc en La Habana, sobre todo ahora que se está discutiendo ese tema en específico en la Mesa de Negociación.

Sin embargo, aunque no quedó dentro del texto de la ley, el Gobierno sí apoyó una proposición firmada por todos los partidos que establece que las zonas no podrán estar en zonas urbanas. El Gobierno deberá establecer las condiciones y compromisos de las partes para establecer su temporalidad y funcionamiento. De igual manera podrá  dar órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para garantizar la seguridad del proceso de desarme. Igualmente se le faculta para solicitar la suspensión de órdenes de captura para los miembros rasos de las Farc que dejen las armas. Se ordena, asimismo, crear mecanismos de monitoreo y verificación nacional o internacional, incluida la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregue el grupo armado al margen de la ley.

En peligro

Sin embargo, ya son varias las iniciativas que están en peligro de hundirse.

Por ejemplo, está la que establece una regulación para los procedimientos de la Comisión de Aforados, instancia creada por la reforma de Equilibrio de Poderes para juzgar a magistrados y Fiscal General. Se plantea que este organismo investigue los hechos que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio. La comisión aplicará un solo procedimiento de investigación para los casos de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal.

El proyecto aún no se inicia su estudio en las comisiones Primeras conjuntas, y aunque se espera que lo haga esta semana, ya ayer se decía que debía esperarse a la designación del nuevo ministro de Justicia. Paradójicamente esto se hizo en horas de la tarde, quedando como titular Jorge Londoño.

Otro de los proyectos que está en riesgo es el de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que se supone era una de las prioridades legislativas de este primer semestre. La iniciativa busca la creación del Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial, distinguir las funciones de gobierno de las gerenciales y la eficiencia en la administración del poder judicial. El proyecto tiene previsto que haya gerencias regionales, lo que desparece las conocidas salas administrativas seccionales del Consejo de la Judicatura. Esas gerencias se van a encargar de los temas sin necesidad de que desaparezcan las distribuciones territoriales que hay hoy.

Otro de los proyectos que corre el riesgo de hundirse es el del Código de Policía. La iniciativa contempla, entre muchos aspectos, la realización de allanamientos por parte de las autoridades sin orden judicial, que es precisamente uno de los temas que lo tiene en la cuerda floja. Si el Senado no aborda con propiedad la discusión, podría hundirse por falta de tiempo.

Este riesgo contrasta con que varios sectores de la sociedad urgen la modificar del Código debido a que sus normas ya son muy antiguas y obsoletas. El propio senador ponente, Germán Varón, dijo que si eso sucede lo volvería a presentar para la próxima legislatura, después del 20 de julio.

El proyecto de Ley de Costas ya pasó a segundo debate, pero parece que no tiene ambiente para salir esta legislatura. La iniciativa, de autoría del senador Álvaro Ashton, pretende establecer un marco jurídico a fin de proteger el patrimonio natural y el medio ambiente que se encuentra ubicado en las playas marinas y terrenos de bajamar del país. Para ello se plantea una regulación especial encaminada a la protección y utilización de esos predios. Se busca, igualmente, clarificar las competencias de los actores involucrados en el mencionado territorio y regular las formas de uso, goce y aprovechamiento económico de los recursos naturales de la nación ubicados en las playas marinas y terrenos de bajamar del territorio nacional.

Se hundirían

Pero si los anteriores proyectos ya corren el riesgo de hundirse, hay otros que prácticamente estarían condenados a que no serán aprobados.

Por ejemplo, está el que establece la adopción por parte parejas del mismo sexo, que ya fue autorizada por la Corte Constitucional. Esta iniciativa no ha salido de la Comisión Primera y no hay ambiente para su aprobación. El senador Hernán Andrade presentó ponencia negativa al proyecto de ley.

Igual ocurre con la que plantea la reglamentación del llamado ‘matrimonio igualitario’. La iniciativa es del senador de La U, Armando Benedetti. Aunque tiene ponencia negativa, todo hace indicar que no pasará. Al igual que la iniciativa anterior, ya la Corte Constitucional semanas atrás le dio vía libre en un polémico fallo.

Hay otra serie de iniciativas que tampoco podrían salir avante este primer semestre. Entre ellos se cuentan los siguientes: creación de la cedula militar; bicicletas escolares; creación de las condiciones para subsidio de vivienda; otros que rinden homenaje y se unen a aniversarios…

Debates y demás

De otro lado, no se puede negar que desde el 15 de febrero el Congreso ha tratado de ‘meterle el diente’ a varios temas gruesos por la vía de los debates de control político, incluyendo hasta un debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la venta de Isagen.

Tanto desde las toldas del Centro Democrático como del Polo, así como de los partidos de la Unidad Nacional (La U, liberales y Cambio Radical) así como del conservatismo y facciones independientes como la Alianza Verde, se han puesto sobre la mesa temas de alto impacto público.

La lista es larga: los millonarios sobrecostos en Reficar; el segundo fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia y la decisión de nuestro país de no volver a comparecer ante esa instancia; el escándalo por las muertes de menores de edad en La Guajira debido a cuadros críticos de desnutrición; las causas que llevaron a que el país estuviera al borde de un racionamiento eléctrico; el paro de las madres comunitarias; la escalada inflacionaria y su impacto en el aumento del salario; la polémica por el acto de proselitismo armado de las Farc en el corregimiento de El Salado, en La Guajira; el escándalo de la ‘comunidad del anillo’ en la Policía; el aumento de los narcocultivos; los fallos de las altas cortes sobre derechos de las parejas homosexuales; el paro armado del Eln y el posterior anuncio de un proceso de paz con esa guerrilla…

De igual manera sostienen en el Congreso que esa institución fue clave para el levantamiento del paro de las madres comunitarias.

Asímismo, la Cámara ya adelanta el proceso para la escogencia del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, en reemplazo de Jorge Armando Otálora, quien dimitió en medio de un escándalo de índole sexual.

En el Senado, por otra parte, ya se conformó la comisión de instrucción que debe encargarse del proceso de desafuero del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt.

Como se ve, establecer el nivel de productividad del Congreso este año es muy complicado y depende de muchos factores. Por lo pronto lo importante es que todavía faltan dos meses de legislatura y todavía hay muchos proyectos en tránsito.