Realizará un plan de trabajo de casos que tiene para revisión, atrasados por la agenda de paz

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Este miércoles la Corte Constitucional tendrá su primera sala de este año en donde prevé establecer un plan de trabajo priorizando el estudio de los proyectos y decretos para la implementación del acuerdo de paz, pero también las leyes ordinarias y la revisión de tutelas que se quedaron pendientes de 2017 porque apenas dio abasto para darle curso a las iniciativas que aprobó el Congreso de la República por la vía del fast track.

Pero como el fast track en el Parlamento feneció el pasado 30 de noviembre y por ende también la disposición que la reforma constitucional que le dio vida a esta vía rápida legislativa imponía a la Corte Constitucional darle prioridad a la revisión de las normas para la implementación del acuerdo de paz, ahora el alto Tribunal pondrá la ‘casa’ en orden en materia de priorizar el estudio de las leyes que han llegado a sus manos para revisión y las demandas.

Por ello en la sala de este miércoles la Corte Constitucional hará un balance sobre las normas y demandas que tiene para su estudio, cómo están los términos para pronunciarse sobre la mismas, cuáles ya tienen proyecto de fallo, entre otras.

Agenda de paz

Un importante número de proyectos aprobados por el Congreso tras tramitarlos por la vía rápida o fast track así como decretos que expidió el presidente Santos para la implementación del acuerdo de paz están pendientes de fallo en la Corte Constitucional.

Estas disposiciones son fundamentales para la implementación del acuerdo, pues por ejemplo en materia de justicia el alto Tribunal debe pronunciarse sobre la polémica ley estatutaria que reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, así como acerca de la Ley 1820 de 2016, que establece disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

A pesar de que la segunda y última prórroga del fast track venció el pasado 30 de noviembre, la labor de la Corte acerca del estudio de exequibilidad de las normas para implementar el acuerdo de paz no finaliza con las iniciativas que tiene en sus manos, pues llegarán varios proyectos que radicó el Gobierno y no alcanzaron a ser tramitados en su totalidad por esta vía especial, y ahora deben seguir su trámite por la vía ordinaria con mensaje de urgencia a partir de marzo próximo, cuando el Legislativo regresará a sesiones.

De igual forma hay algunos pocos proyectos producto del acuerdo de paz con las Farc que el Gobierno no alcanzó a llevar al Congreso para aprovechar la vía fast track, como es el caso de la ley de tierras, demorada en su trámite por las consultas con los pueblos indígenas y la comunidades afro.

En ese sentido los proyectos para la implementación del acuerdo de paz que serán tramitados por la vía ordinaria en 2018 tienen que ver con zonas de reserva forestal, sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, catastro multipropósito, tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo.

“Estas cinco leyes son clave para seguir construyendo paz. Por eso envié mensaje de urgencia al Congreso”, explicó el presidente Santos en días pasados.

Entre los proyectos pendientes de fallo en la Corte está la Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado-006 de 2017 Cámara, estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.

La ponencia sobre este proyecto la presentó el magistrado Alejandro Linares, quien asegura que el Estatuto de Oposición es acorde a la Constitución y a lo pactado en el Acuerdo Final con las Farc.

En igual sentido se había pronunciado previamente el procurador Fernando Carrillo en un concepto que sobre el particular hizo llegar al Tribunal constitucional, señalando que no hubo vicios en el trámite en el Congreso y que el contenido del proyecto de ley tiene conexidad con la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc en materia de participación política y de garantías para la oposición política y, en particular, de los movimientos políticos que se creen tras la desmovilización de la guerrilla y en asuntos como el acceso a medios.