La mayoría del articulado que contempla la ley de inteligencia y contrainteligencia fue aprobado por la Corte Constitucional el día de hoy.
 

Esta normatividad contempla, entre otros aspectos, que no pueden hacerse interceptaciones de llamadas sin previa autorización de un juez.
 

Además, dicha iniciativa establece la creación de una comisión parlamentaria que vigilará los gastos reservados de la Nación.