Mientras que la atención se centra en la supuesta venta de fallos en la Corte Suprema, en varios tribunales regionales se ha presentado una serie de escándalos con fallos amañados en procesos penales y tutelas. Hay capturados por estos hechos
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La denuncia que se conoció en los últimos días sobre la supuesta venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia para favorecer a congresistas, según lo que se sabe hasta ahora por parte de un par de magistrados que ya terminaron su periodo, es tal vez el mayor escándalo de la justicia colombiana en toda su historia. No obstante, la gravedad del asunto que colma el espacio en los medios no tapa que el fenómeno de la corrupción en la Rama pareciera coger fuerza, como lo mostrarían las indelicadezas que se han presentado este año en tribunales regionales.
Hasta hace pocos días, el mayor escándalo en la justicia colombiana fue por la supuesta solicitud de $500 millones por parte del entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, al abogado de la empresa Fidupetrol para favorecerla en una tutela que estudiaba el alto Tribunal.
En septiembre del año 2015, la Comisión de Investigación de la Cámara tras las pesquisas que adelantó por más de seis meses, acusó a Pretelt ante la plenaria de esta Corporación por el delito de concusión.
En diciembre de ese año, la Plenaria de Cámara acusó a Pretelt ante el Senado por este delito; mientas que a finales de 2016 la plenaria de esta última Corporación avaló todo el proceso y acusó al jurista ante la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en el primer magistrado en la historia del país que llega a juicio.
Tribunales regionales
A finales de junio pasado, la Fiscalía imputó cargos a tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, al tiempo que expidió 24 órdenes de captura contra seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Inpec, abogados y sindicados.
Las decisiones hacen parte de una investigación contra una red criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que operaba desde 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto, a cambio de millonarios sobornos, otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.
Igualmente está el caso de las ex fiscales María Bernarda Puentes López y Silvia Esmeralda Angulo, adscritas a la Seccional Bolívar, a quienes se les mandó a la cárcel por incurrir presuntamente en hechos de corrupción.
Se les sindica de pertenecer aparentemente a una red que negociaba beneficios como libertades, detenciones domiciliarias y preacuerdos con rebajas de penas a delincuentes, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Dentro de este caso hay varias personas ya detenidas y judicializadas, e incluso pruebas en video de los sobornos.
Al mismo tiempo se han registrado al menos 60 capturas de fiscales y otros funcionarios de la entidad incursos en casos de presunta corrupción, y se adelantan centenares de pesquisas previas dentro de la campaña de transparencia que el fiscal Néstor Humberto Martínez viene adelantando.
También se presentó un escándalo en el Tribunal de Cúcuta por los supuestos fallos amañados que produjeron los juristas Félix María Galvis, quien fue capturado el pasado 2 de agosto, y Fernando Castañeda Cantillo, prófugo de la justicia.
Estos ex magistrados entre 2010 y 2011 se encargaron de tomar cuestionadas decisiones que un año después fueron revocadas por la Corte Constitucional pero que según el fiscal General, Néstor Martínez, dejaron un halo de corrupción que incluye a un grupo de funcionarios del Tribunal de Cúcuta, jueces y abogados.
Galvis y Castañeda son señalados como presuntos responsables de fallos de tutela irregulares que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en más de $137.475’480.065, los cuales fueron revocados en su mayoría por la Corte Constitucional por considerar que eran contrarios a la ley.
Fueron en total 18 fallos de tutelas a favor de 580 accionantes, que según la Fiscalía previamente fueron acordados por los funcionarios y los entonces magistrados Félix María Galvis y Fernando Castañeda Cantillo.
De otro lado, el mes pasado fue capturado el secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, quien es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para favorecer una decisión judicial en el caso del exalcalde de Cota, Juan David Balsero.
Megaescándalo
En tanto que avanzan las investigaciones en la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación de la Cámara por el supuesto contubernio entre abogados y magistrados que ya no están en este alto Tribunal para favorecer con fallos a congresistas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó información a la Fiscalía con base en una grabación oculta que hicieron a una conversación que sostuvieron en ese país hace algunos meses el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en la cual el primero le pedía $500 millones para frenar las investigaciones al segundo.
En la misma Moreno se ufanaba de sus contactos en la alta justicia, haciendo referencia a varias personas. A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares a los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y el exsenador conservador Luis Alfredo Ramos; así como los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado de la Corte Suprema), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros; y los ex magistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.
La investigación en la Corte Suprema tomó mayor vuelo a raíz de las afirmaciones el pasado martes del senador Musa Besaile, quien en versión libre aseguró que en 2014 pagó $2 mil millones al entonces asesor de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno.
Ayer, el alto Tribunal citó a declarar el próximo 4 de septiembre al exsenador Julio Manzur, sobre cuyo proceso en la Corte el senador Besaile dijo que "también está mal el de Julio Manzur".
La Corte también llamó a declarar el día de hoy al exfiscal Moreno y al abogado Leonardo Pinilla. Los dos están detenidos por el dinero que supuestamente exigieron al exgobernador Lyons, y ahora deberán dar explicaciones por las afirmaciones de Besaile.
El exsenador Manzur dijo que efectivamente en 2014 lo llamaron para informarle que lo iban a capturar, “que le podemos ayudar, yo dije que no”, aseguró. El exparlamentario pasó tres años en prisión investigado por parapolítica y en julio pasado recobró la libertad.
Ayer, Wadith Manzur, hijo del exsenador, dijo que tras la captura de su padre, Moreno lo contactó para ofrecer “servicios de defensa”. “Él (Moreno) me intimidaba con mucha información, pero no prometía grandes cosas”.
En tanto que ayer, la Red de Veedurías pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara indagar si el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández, habría recibido dineros por el proceso que está bajo el radicado 27700 y que se encuentra en pruebas desde octubre de 2016.
"Es justamente él (Malo) quién es la llave del magistrado Francisco Ricaurte. En la Corte Suprema ha sido su magistrado auxiliar. Y contra el mismo Besaile jamás se profirió una orden de captura y el proceso se mantiene impune", señaló Pablo Bustos presidente de la Red de Veedurías.
Proyecto
El ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció ayer que el Gobierno prepara un proyecto de estructuración de la justicia "Vamos a presentar todo un proyecto de estructuración sobre cuatro pilares que reforma toda la justicia y uno de ellos tiene que ver con un organismo que cumpla las funciones de lo que fue el tribunal de aforados", explicó.
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