El Juzgado 77 Penal de Bogotá, con función de garantías, determinó cobijar con medida de aseguramiento a 10 personas entre servidores públicos y particulares, señalados como presuntos autores y coautores de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Algunos de los procesados también deberán responder por delitos como prevaricato por acción, falsedad en documento público y fraude procesal, según su actuar.

Los procesados, enviados a prisión, son: el Juez de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria; Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso, Aída Salgado León.

Por otra parte, con medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados: Néstor Gordillo, investigador del CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta). En libertad fue dejado el médico Omar de la Hoz.

Para la Fiscalía General se trata de una presunta red criminal al servicio de la delincuencia organizada, la cual ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detenciones domiciliarias  a los delincuentes, con precios que oscilaban entre 2 y 40 millones de pesos.

Según manifestó la fiscal delegada en este caso, en audiencia pública desarrollada durante más de 25 días en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, los procesados en un acto de corrupción supuestamente tramitaron beneficios ante Justicia y Paz a favor de José Everto López Montero, alias Caracho, como si fuera beneficiario de dicha ley.

De acuerdo con la imputación de cargos, López Montero había sido condenado en el año 2016 a una pena de 26 años de prisión como responsable de los delitos de tortura y desaparición forzada, como cabecilla de la organización criminal denominada Erpac, la cual operaba en los llanos orientales en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana.

“Se usó la reunión y el papel de la OEA para que Garzón sirviera a la criminalidad y acercar a Caracho a la JEP”, dijo la fiscal encargada del caso.

Agregó que “en otros casos, tramitaban valoraciones médicas falsas en las que aparecen los funcionarios del Instituto Colombiano de Medicinal Legal, quienes elaborarían certificaciones por problemas psiquiátricos y perfiles suicidas con el fin de obtener sentencias de reclusiones en los centros hospitalarios”.

“Es el caso de Pedro Nel Ardila, condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual y a quien el médico Omar de la Hoz le diagnosticó un cuadro depresivo y riesgo de suicidio”, señaló la representante del ente acusador.