El histórico juicio en la Corte Suprema brasileña sobre la compra de votos legislativos por parte del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) pasó a debatir hoy la culpabilidad del principal acusado, José Dirceu, el poderoso exjefe de gabinete de Luiz Inacio Lula da Silva.

El juez revisor del proceso, Ricardo Lewandowski, exculpó a los dos principales acusados: José Dirceu y el entonces presidente del PT (izquierda), José Genoino, por considerar que no hay pruebas y que las conclusiones del juez relator que los culpó partieron de "simples conjeturas".

"No descarto que Dirceu haya cometido o sea hasta el mentor (del sistema de compra de votos), pero eso no encuentra resonancia en las pruebas del proceso", dijo Lewandowski.

El juez relator del proceso, Joaquim Barbosa, que se ha mostrado implacable, consideró culpables de corrupción activa a ambos, y acusó a Dirceu de dirigir el sistema de compra de votos que, con finanzas ilegales, se destinaba a conseguir el apoyo al gobierno de Lula en el Congreso.

Las pruebas colocan a Dirceu "en posición central, de organización y liderazgo de la práctica criminal, como mandante de las promesas de pagos de ventajas indebidas a parlamentarios que apoyasen las votaciones de su interés", afirmó Barbosa, quien ha conseguido hasta ahora el apoyo de la mayoría de jueces -aunque no de Lewandowski- en sus votos.

La tercera de los 10 jueces de la corte, Rosa Weber, también consideró culpables a Dirceu y a Genoino.

Los tres jueces coincidieron en considerar culpables de corrupción activa al entonces tesorero del PT, Delubio Soares, y al publicista acusado de hacer llegar el dinero bajo forma de préstamos de bancos públicos, Marcos Valerio.

El histórico juicio iniciado el 2 de agosto busca determinar la responsabilidad de exministros, dirigentes históricos del PT y empresarios en una contabilidad ilegal paralela del partido, que presuntamente compró votos y apoyos de parlamentarios.

El principal acusado es Dirceu, considerado como una suerte de primer ministro del gobierno de Lula y su hombre más cercano en el Ejecutivo. La suerte de Dirceu se saldaría la próxima semana, cuando voten la mayoría de los jueces.

El caso hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró a su partido, aunque el exmandatario consiguió luego ser reelecto hasta fin de 2010.

El juicio ha ido avanzando a ritmo de una novela en capítulos comandada por el juez relator, que dirige el proceso. El ministro revisor es el que confirma, completa o corrige el informe del juez relator.

Al inicio fueron analizadas las acusaciones contra los dirigentes de instituciones económicas de donde partió el dinero. Posteriormente, se examinaron los casos de quienes recibieron los fondos, entre éstos dirigentes de pequeños partidos aliados del gobierno.

Actualmente, los ministros estudian la culpabilidad del nucleo político que habría comandado ese sistema ilegal, además de los autores de los pagos.

Hasta ahora, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) han considerado culpables a 22 de los 37 acusados, siguiendo las recomendaciones del juez relator. Las condenas, no obstante, no serán definidas hasta el final del juicio, que todavía puede demorar semanas.

Dirceu asegura que nunca negoció pagos a partidos aliados. La defensa de los acusados asegura que la contabilidad ilegal fue destinada apenas a cubrir gastos de campaña, un delito que ya habría prescrito.

El juicio ocurre en vísperas de las elecciones municipales del domingo en Brasil.

"El juicio ya está teniendo un impacto en las elecciones contra el Partido de los Trabajadores, y lo tendrá en la imagen del presidente Lula", el gran líder del PT que llegó al poder enarbolando una bandera de ética en la política, y de quien no se descarta que quiera ser candidato a la presidencia en 2014, dijo David Fleischer, profesor de la Universidad de Brasilia y consultor.

A largo plazo, el juicio "cambiará bastante la práctica política" en Brasil, un país acostumbrado a las contabilidades paralelas de los partidos, estimó.