El Tribunal Constitucional turco volvió a desafiar al primer ministro Recep Tayyip Erdogan anulando parte de la reforma judicial destinada a reforzar el control sobre los magistrados, en pleno escándalo de corrupción.

Una semana después de haber ordenado el fin del bloqueo de Twitter, la principal instancia judicial del país acaba de declarar inconstitucionales los nuevos poderes otorgados al ministro de Justicia sobre el Alto Consejo de los Jueces y Fiscales (HSYK), que le permitían, entre otras cosas, nombrar a los magistrados.

Un diputado del principal partido de la oposición recurrió al Tribunal Constitucional para denunciar lo que, en su opinión, violaba los principios de separación de poderes.

"Esta ley tenía tantos elementos inconstitucionales que hubiera sido sorprendente que el Tribunal emitiera un dictamen diferente", comentó un vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Sezgin Tanrikulu.

"El Tribunal Constitucional ejerce como contrapoder del régimen", se congratula Tanrikulu en declaraciones a la AFP.

"Esta sentencia dice que, según la Constitución, no puede haber una ley que contradiga la independencia y la neutralidad de los jueces y de los fiscales", afirmó el presidente de la asociación de colegios de abogados de Turquía, Metin Feyzioglu.

El jefe del gobierno turco, Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002, presentó el proyecto de ley después de que a mediados de diciembre saliera a la luz un escándalo de corrupción sin precedentes que salpica a decenas de colaboradores suyos.

La oposición lo interpretó como un intento del poder por controlar la justicia para acallar las acusaciones.

Además de esta reforma, Erdogan ordenó una oleada de purgas en la policía y la justicia por considerar que estas instituciones están manipuladas por sus antiguos aliados de la organización del predicador musulmán Fetulá Gülen como parte de un complot en su contra.

Gran vencedor de las elecciones municipales del 30 de marzo, Erdogan prometió que ajustaría cuentas con Gülen y se plantea presentarse a las elecciones presidenciales de agosto.

La polémica fue tal que degeneró en peleas en el parlamento y traspasó fronteras cuando numerosos aliados de Turquía, empezando por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, advirtieron a Ankara que evitase una deriva autoritaria.

El gobierno hizo caso omiso de las críticas y el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, llevó a cabo una oleada de nombramientos en todo el aparato judicial.

"Estos magistrados deben asumir su responsabilidad moral y dimitir inmediatamente", exigió este viernes Tanrikulu.

La sentencia del Tribunal Constitucional llega nueve días después de otra que obligó al gobierno a suspender el bloqueo impuesto a la red Twitter para impedir la difusión de escuchas telefónicas en las redes sociales.

Furioso, Erdogan tuvo que dar marcha atrás pero dejó claro públicamente que "no respetaba" la sentencia del Tribunal Constitucional.

El presidente del tribunal, Hasim Kiliç, reaccionó irónicamente al comentario del primer ministro, diciendo que había sido "impulsivo".

Todo apunta a que el pulso entre la principal instancia judicial turca y el hombre fuerte del país continuará, ya que el tribunal se pronunciará pronto sobre otra prohibición decretada por el gobierno: la referida a la plataforma de vídeos en internet YouTube.

Con todo, las autoridades turcas insistieron el jueves en que tienen intención de mantener el bloqueo de YouTube hasta que la empresa estadounidense propietaria de Google no retire algunas grabaciones, sobre todo las referidas a una intervención militar en Siria.