Con escasas tres semanas para que los ciudadanos presenten sus sugerencias a la propuesta de implementar el prepago de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, el Congreso y el Gobierno continúan en discordia por los efectos que traería el proyecto.

Por un lado, el senador Carlos Baena aseguró que “con esta propuesta el Gobierno busca blindar a los operadores, y en cierto modo amarrar a los usuarios con el pago anticipado de los servicios públicos”.

Argumentó que antes de avanzar en un sistema prepago en Colombia, lo ideal sería trabajar en una ley que garantice el mínimo vital en servicios públicos, “como lo ha ordenado la Corte”.

En opinión de Baena la estructura del proyecto tiene una falencia y es que “es inconstitucional en este momento porque desconoce el mínimo vital y se vulnera”.

En la Resolución 657 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA (que está en proceso de revisiones ciudadanas), queda claro que los usuarios que se acojan a esta modalidad prepago continuarán pagando un cargo fijo y deberán asumir el costo de un nuevo medidor, que puede estar entre 150 y 400 mil pesos.

Por ello, propone que se elimine el cargo fijo en el prepago “porque es el que va a hacer que la gente tenga que pagar los gastos de reconexión, porque si no paga el cargo fijo mensual le quedará una cola de deuda”, así como que el cobro por el servicio de aseo se elimine de la factura del agua.

En respuesta, el director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Julio César Aguilera le dijo a EL NUEVO SIGLO que la propuesta no es inconstitucional.

“Son temas separados, uno es el pago anticipado del servicio público y otro el cumplimiento del mínimo vital derivado de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Frente al pago anticipado es una opción y frente al mínimo vital, la iniciativa facilita la aplicación de ello”.

Esto porque bajo el esquema vigente de facturación “es muy difícil controlar los metros cúbicos que una ciudad podría implementar como su mínimo vital”.

Recordó que “la facturación con el servicio de aseo es lo que se llama de facturación conjunta, es la única forma de pagar el servicio de aseo, estando atada a otro público porque o si no nadie pagaría”.

De otro lado, aseguró que bajo la opción de pago anticipado “ya no existen costos de reconexión, de suspensión, ni los asociados al esquema tradicional de facturación”.

Agregó que el costo  del medidor debe ser financiado a los estratos 1, 2, y 3 hasta 36 meses según lo establece la ley, pero lo que sí tendría que hacer es financiar la deuda con la empresa.

“Proponemos que el usuario, si así lo consideran pertinente ambos, vaya pagando por pedacitos dentro de la recarga que se hace mensualmente. El costo del medidor está entre 180 y 400 mil pesos, depende del grado de precisión en la contabilización del metro cúbico”, añadió.

El otro  costo adicional es el del Token o la tarjeta prepago que va entre 7 mil pesos a 30 mil pesos, sostuvo Aguilera al defender el proyecto.

También resaltó que no se eliminará el cargo fijo en el servicio prepago puesto que “se establece que se tienen que cubrir unos costos fijos asociados a la disponibilidad permanente del servicio y al ser pago anticipado, seguramente mucha de esa estructura de costos disminuye”.