La entrada en vigencia este martes de una controvertida ley que determina el retorno del servicio militar en Perú para cubrir el déficit de personal en las fuerzas armadas con jóvenes entre los 18 y 25 años, desató una fuerte polémica y denuncias de discriminación por parte de exjefes militares y entidades de derechos humanos.

La ley establece el llamamiento a los jóvenes de entre 18 y 25 años a fin de que ingresen al servicio militar de manera voluntaria, disponiendo que si la respuesta es insuficiente las necesidades de las fuerzas armadas serán cubiertas con jóvenes que serán llamados por sorteo.

Según una disposición de la flamante ley, quienes resultan convocados por sorteo pueden eludir esta obligación mediante pago de una multa de 1.800 soles (unos 660 dólares).

"Eso convierte a la norma en discriminatoria porque algunos elegidos podrán librarse del servicio pagando; eso es una gran discriminación", estimó a la AFP el general en retiro Roberto Chiabra, exministro de Defensa y excomandante general del Ejército al subrayar, que los pobres son los perjudicados.

Otro punto cuestionado es que los jóvenes que estudian en universidades están exceptuados, pero no aquellos que estudian carreras técnicas en institutos. "Esto afecta a las clases medias, que no tienen la capacidad de acceder a instrucción universitaria pero sí a una carrera técnica", dijo Chiabra.

Los soldados reciben una paga promedio de 300 soles (115 dólares).

Chiabra estimó que la carrera militar debe ser atractiva para que los jóvenes accedan a ella. "Lo menos que puede recibir un soldado es el salario mínimo en Perú que es de 700 soles" (264 dólares), dijo.

El exministro subrayó que en las actuales circunstancias un joven en edad militar "tiene que competir con la minería ilegal y con el narcotráfico, actividades ilegales donde los jóvenes ganan en un día lo que recibe un soldado en un mes".

Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos, dijo a la AFP que con esta ley "siempre terminan perjudicados los de bajos recursos económicos, como los jóvenes que viven en centros poblados o asentamientos humanos, que no podrán eximirse del pago de la multa".

Ante las críticas, el primer ministro, Juan Jiménez, defendió la ley y su reglamento señalando que establecen "incentivos para que los jóvenes puedan voluntariamente acercarse al servicio militar".

Jiménez argumentó que en el país existen 800.000 jóvenes "que no estudian ni trabajan, no están en las universidades e institutos" y podrían encontrar espacio en las fuerzas armadas.

La ley establece incentivos, como la educación superior tecnológica de los soldados, facilidades para estudiar luego en las universidades del país, descuentos para acceder a las escuelas de las fuerzas armadas y la policía. También ofrece una línea de crédito en la banca estatal.