Un cruce  de criterios se presentó ayer al interior del Gobierno en torno a la decisión de los representantes de nuestro país de retirarse de la sesión, el lunes pasado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde si bien el tema tratado era la situación del respeto a las garantías fundamentales en Colombia, el telón de fondo era claramente el caso de la destitución del ahora exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que el presidente Santos negara una petición de medidas cautelares que hizo esa instancia internacional la semana.

Según la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, el retiro de la sesión se debió a las implicaciones que lo dicho por Colombia pudiera tener en un eventual proceso ante la CIDH por el caso del exmandatario capitalino.

“Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso” que la Comisión sigue sobre el caso Petro por el alegato de éste en torno a que con el fallo disciplinario que lo destituyó se le habían violado sus derechos políticos.

Tras esa decisión del lunes, ayer el vicepresidente Angelino Garzón criticó el retiro de Colombia de la sesión de la CIDH.

“Creo que es un error habernos retirado de la CIDH, se puede entender como una agresión contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos perdido una excelente oportunidad para haber explicado las decisiones que tomó el Gobierno en el caso de Gustavo Petro”, advirtió Garzón.

El Vicepresidente enfatizó que nuestro país integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde debe reiterar el compromiso de cooperación internacional en la materia.

“El retiro de reunión de la CIDH nos alerta que vamos caminando de un país en progreso a un país en retroceso en materia de derechos humanos”, trinó también Garzón en su cuenta Twitter.