EJERCER UN mayor control sobre  los vehículos automotores de carga obligados a cumplir con el proceso de chatarrización, fue la solicitud realizada por la Sección Segunda del Consejo de Estado al  Ministerio de Transporte y  a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El alto tribunal hizo este llamado de atención, luego de  encontrar evidencias encaminadas a evadir el cumplimiento de las políticas de modernización del parque automotor de carga, así como presuntas irregularidades en la eliminación ficticia de vehículos o la expedición de certificados falsos, encontrándose que un mismo carro aparecía varias veces chatarrizado.

En esta  medida, indica el Consejo de Estado, se manifiesta la obligación que tienen los servidores públicos y los particulares que administran recursos del Estado, de ejercer la actividad administrativa conforme al ordenamiento jurídico, protegiendo los intereses estatales.

Según el fallo, el Ministerio de Transporte también deberá llevar un control de pago de las cauciones que se impongan por incumplir con la chatarrización de los vehículos y revisar que el dinero ingrese a las arcas del Estado, además de ordenar las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, si se encuentran registros contrarios a las disposiciones legales.

Agilización

Por otra parte el Viceministro de Transporte, Enrique Nates, sostuvo que su cartera,  desde el pronunciamiento del fallo del Tribunal de Cundinamarca, ha venido implementando una serie de políticas para mejorar el proceso de chatarrización.

“Lo primero que hay que decir es que ya no existe la póliza para acceder a este proceso. Adicionalmente el Gobierno  expidió en el año 2012, la Resolución 7036 que establece que para matricular un nuevo vehículo de carga, debe salir antes uno chatarrizado, lo cual evita estas actividades fraudulentas”.

Según el funcionario entre 2013 y 2014,  el Ministerio de Transporte  le presentó a la Fiscalía más de 300 denuncias sobre fraudes y  hace tan solo dos semanas  en La Guajira, Bolívar, Córdoba y Boyacá, hubo procedimientos de judicialización a personas que han estado involucradas con estas irregularidades.

Igualmente, el viceministro de la cartera de transporte sostuvo que  ya están asegurados los  recursos por el orden de 250 mil millones de pesos, para seguir cumpliendo con la renovación del parque automotor este año.

Nates respondió al gremio transportador, indicando que el Gobierno está agilizando este proceso, ya que en los últimos años se han chatarrizado un mayor número de automotores  y se espera que en los próximos 4 años salgan de circulación cerca de 35 mil vehículos de modelos antiguos.

Según el Gobierno, en 2014 se chatarrizaron 4.440 vehículos superando la meta de los 3.800, y se espera que este año salgan de circulación otros 4.000 camiones que superan una actividad mayor a 30 años.

Los transportadores

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), Jairo Herrera, sostuvo que pese a los rumores sobre posibles irregularidades en el proceso de chatarrización, su gremio le pide al Gobierno transparencia y agilidad en este tema, ya que actualmente hay una sobreoferta vehicular bastante notoria en el sector de tracto-camiones.

“Nosotros como gremio,  le hemos pedido al Gobierno que se le ponga vida útil a los camiones para  sacar en carga por carretera por lo menos 70 mil vehículos que están sobrando, y que hacen que el sector no sea competitivo,  vemos conveniente el  fallo del Consejo de Estado y solicitamos que el Gobierno  aplique el proceso de chatarrización en la menor brevedad posible”, sostuvo el dirigente gremial.

Igualmente, el presidente de  Asecarga señaló que aunque hasta  la fecha cerca de 7 mil carros de todo tipo ya han sido chatarrizados, mientras que no se le ponga vida útil a los camiones,  sus dueños no se ven obligados a cumplir con este proceso.

“Necesitamos ponerle vida útil a los vehículos, sin necesidad de perjudicar a los transportadores rasos, la idea sería otorgarles un subsidio a aquellos camioneros que tengan carros viejos”, aseguró  Herrera.

De otra parte, el dirigente gremial afirmó que el lado negativo de la chatarrización,  es que con la salida de 70 mil camiones del modelo 1990 hacia abajo, cerca de 30 mil transportadores podrían quedar desempleados, por lo que consideró pertinente que el Gobierno y los gremios trabajen mancomunadamente para brindarles una oportunidad de sustento.

Cabe recordar que la vida útil de un camión debe ser de 15 años, sin embargo el presidente de Asecarga asegura que por las carreteras aún circulan tracto-camiones que tienen más de 50 años.

En la actualidad el proceso de chatarrización no tiene vida útil, por lo que muchos transportadores dueños de vehículos  de más de 30 años, les hacen arreglos mecánicos y físicos y aún circulan generando sobreoferta de los mismos, e implicaciones no solo en el medio ambiente sino en la salubridad pública como lo manifestó la Corte en su fallo. Así el gremio transportador solicita al Gobierno revisar este proceso y darle agilidad, buscando alternativas que no perjudiquen a los “transportadores rasos”.