La Contraloría de Cundinamarca le pidió a la Fiscalía investigar a una contratista que se apropió de 100 millones de pesos de cesantías del personal de servicios generales del Hospital San Rafael de Cáqueza.

 

En desarrollo de la auditoría especial que realizó la Contraloría al centro hospitalario se estableció que cuatro funcionarias de servicios generales denunciaron que en 2014 y 2015 les fueron consignadas en sus cuentas bancarias las cesantías parciales sin haber solicitado el pago y que posteriormente bajo engaños Ángela Yamile Arregui, contratista encargada de la nómina en Talento Humano, les solicitaba el dinero.

 

Por estos hechos, el contralor Ricardo López le solicitó a la Fiscalía investigar la presunta comisión de delitos por la apropiación indebida de las cesantías del personal de servicios generales del Hospital San Rafael de Cáqueza, mediante la falsificación de documentos, abuso de confianza y engaños, entre otros delitos.

 

La denuncia presentada en octubre de 2015 por Ana Aya León, una de las víctimas, ante la Oficina de Control Interno del Hospital de Cáqueza, prendió las alarmas luego de la consignación que recibió el 24 de julio en la cuenta de nómina de las cesantías retroactivas parciales, por cuantía de 29.130.000 pesos, sin su autorización, dineros que posteriormente le fueron reclamados por Arregui, argumentando que se trataba de un crédito del esposo que por error había sido consignado en la cuenta.

 

La víctima advirtió que el 29 de julio retiró del cajero 3 millones de pesos y se los entregó a Arregui, pero que al pretender retirar el resto de dinero el banco le solicitó los soportes de la procedencia de la cuantía, y al no existir justificación le fue congelada la cuenta bancaria de nómina.

 

Ante este panorama, Arregui cambió la versión de lo sucedido, explicándole a la víctima que no se trataba de un crédito de su esposo sino lo correspondiente a la solicitud del pago de sus cesantías retroactivas parciales. Posteriormente se evidenció que en la carpeta de la hoja de vida de la trabajadora no obra la Resolución 118 del 29 de junio de 2015 expedida por la Gerencia de la ESE, por medio de la cual se le reconoció el derecho al pago de las cesantías por valor de 29,130.000 pesos.

 

La Contraloría encontró que el mencionado acto administrativo fue anulado el 28 de octubre mediante la Resolución 173, en la que se ordena el pago, y se aclaró que por un error digital se registró un valor mayor al que se debía pagar.

 

Sin embargo, la funcionaria de servicios generales reiteró que no realizó ni autorizó dicha solicitud de retiro de sus cesantías.

 

El informe del grupo auditor igualmente planteó ausencia de puntos de control internos en el hospital San Rafael de Cáqueza, lo que genera situaciones de riesgo frente al manejo adecuado de los recursos. Igualmente, llamó la atención de las directivas al identificar la falta de una adecuada discriminación de funciones que afectan los procesos y procedimientos de esta Empresa Social del Estado.

 

Además, se planteó revisar otros 57 retiros del fondo privado de pensiones y cesantías bajo la figura de “descuento cta retroac  empleado” en el transcurso de las últimas tres vigencias, al haber sido dispendiosa su verificación  y la trazabilidad de las solicitudes.