Fue suspendida por la Contraloría de Bogotá una sanción a Gustavo Petro por 200.000 millones de pesos por la reducción del valor de los pasajes de Transmilenio cuando fungió como alcalde de la capital del país, que de no pagarla le impediría posesionarse como presidente de la República, en caso de que triunfara en las elecciones de mayo próximo.

La Contraloría de Bogotá tuvo que levantarle la sanción al exalcalde capitalino acatando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así lo reveló el mismo Petro en su cuenta de Twitter, en la que escribió: “Me notifica la Contraloría de Bogotá que acata la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspende sus decisiones contra mí y comunica a Procuraduría para que se levanten las inhabilidades y embargos en mi contra”.

En el documento señala que hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría, se ordena levantar la suspensión de inhabilidad que se había previsto para el exmandatario.

Petro Urrego ha asegurado que contaba con soportes económicos necesarios para bajar los precios del pasaje de Transmilenio, situación que en su momento la Contraloría de la ciudad no estuvo de acuerdo y fue allí cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó los procedimientos a lugar que dejaron como efecto la notificación a la Contraloría de suspender las multas hasta cuando se definiera la solicitud interpuesta por el exmandatario.

En noviembre pasado, el exalcalde también se vio favorecido con un fallo del Consejo de Estado al declarar la  nulidad de la sanción e inhabilidad que le fue impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena después de acoger las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado colombiano en el caso del exmandatario de la capital, en el sentido de que la sanción de destitución e inhabilidad impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo.

En este sentido, la Sala Plena exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en un término de dos años adecúen la legislación interna a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.