Costos millonarios en la fabricación de equipos a cargo de la firma CB&I y una exorbitante cantidad de materiales sobrantes (3.922.928 unidades), en cuarentena, en exceso, incompletos, destruidos o dañados, o diferentes a los requeridos, son dos de las muchas situaciones que ha encontrado la Contraloría General de la República al avanzar en la Actuación Especial de Fiscalización que adelanta a la Refinería de Cartagena (Reficar).

 

Así lo expuso hoy el contralor Edgardo Maya al intervenir en un debate en la plenaria del Senado sobre las irregularidades detectadas en el proyecto de modernización y ampliación de Reficar.

 

Además de Maya estuvieron presentes en el Capitolio Nacional los ministros de Minas y de Hacienda, Germán Arce y Mauricio Cárdenas, respectivamente, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y su antecesor Javier Gutiérrez, el exministro Amilkar Acosta y el presidente de Reficar, Yánez Reyes, entre otros funcionarios.

 

El debate se dio en un ambiente polarizado ya que están en juego los recursos del Estado, a través de contrataciones irregulares con capital extranjero, como es el caso de la venta de 51 por ciento de las acciones de Reficar a la multinacional Glencore y tiempo después con la contratación de CB&I.

 

El Polo Democrático, en cabeza del senador Jorge Enrique Robledo, enfatizó en que este debate no era en contra de la modernización de la refinería, sino contra las decisiones equivocadas que se han tomado y que a su parecer dejan un problema de corrupción.

 

Hizo alusión además a la demanda interpuesta a la compañía CB&I, empresa contratista para ejecutar el proyecto Reficar en esta última etapa, indicando que muchos ejecutivos cobraban horas laborales sin trabajar, así como la desaparición de discos duros con material probatorio.

 

"La ley ordena que presidentes de Reficar y Ecopetrol deben explicar el porqué de sus acciones, teniendo en cuenta la cantidad de alertas que hubo en la Junta Directiva por más de cinco años, relacionadas a las irregularidades en la ejecución del contrato", afirmó Robledo.

 

Asimismo dijo que muchos de estos contratos están elaborados en inglés y que esto genera desventaja a la hora de fijar los términos contractuales.

 

Y concluyó que este es el acto de corrupción más grande de Colombia.

 

La senadora Daira Galvis, en representación de Cambio Radical, hizo énfasis en los antecedentes que llevaron a la modernización de la Refinería de Cartagena.

 

Condenó además la conducta de funcionarios, contratistas y subcontratistas de Reficar, "quienes con dineros del Estado pagaban viajes de diversión y entretenimiento", indicó la senadora.

 

En este sentido reclamó que se dieran sobrecostos en la contratación de mano de obra extranjera, muy por encima de la nacional. "Es una ofensa para nuestros profesionales que el presidente de Reficar sea venezolano", puntualizó.

 

La bancada verde se pronunció a través del senador Iván Name, miembro de la Comisión Quinta de Senado, donde nació la iniciativa para este debate de control político.

 

Name atribuyó la crisis de Reficar a una cadena de errores y desaciertos contractuales en el proceso. "Parte de los errores estuvieron en buscar inversionistas y no expertos en refinerías. Además el criterio de selección estuvo basado en el aporte financiero del proponente, no en calificar la experiencia en el sector", anotó el senador Name.

 

La senadora Claudia López, de Alianza Verde, calificó la compra, por parte del Gobierno de Álvaro Uribe, de un mal negocio, como era la modernización de la Refinería de Cartagena a manos de Glencore para luego entregarlo a CB&I.

 

"Este desfalco es muestra de un proyecto sin planeación. Si Glencore no tenía experticia, CB&I mucho menos. Este negocio era responsabilidad de Ecopetrol y esa junta directiva debe explicarle al país por qué tomó esas decisiones, cambiando las formas de contratación. Que no se laven las manos y den explicaciones", exigió la senadora verde.

 

El Centro Democrático se pronunció a través del senador Iván Duque, quien aseguró que la Refinería de Cartagena es un proyecto estratégico para el país, sin embargo esto no justifica los errores cometidos que le han costado miles de millones al Estado, este debate debe hacerse con sustentos no con falacias.

 

El senador Duque exigió al Gobierno indicar qué acciones de controles se van a implementar luego de esta crisis en la industria mineroenergética del país.

 

Lupa de la Contraloría

 

La elaboración del Rack de Tubería para la Refinería se le entregó a CB&I, por ofrecer mejores condiciones constructivas, destacando el buen ambiente climático que se tenía en la ciudad de Island Park, en Texas, para su fabricación. Sin embargo, manifestó el contralor Maya, se produjeron costos excesivos: el costo inicial del Rack de Tubería era de 49 millones de dólares en 2010 y el costo final ascendió a 112,7 millones de dólares en 2015.

 

Así mismo, el costo de la mano de obra utilizada en esta tarea  pasó de 39,4 millones de dólares a 89,7 millones de dólares.

 

Para esta demora en la elaboración de la tubería se argumentó  la ocurrencia de una oleada de calor, en Island Park, que generó un retraso en exceso.

 

Por otro lado, un hecho que ha evidenciado la Contraloría es el  de material sobrante que ha tenido el proyecto, bien sea en cuarentena, en exceso, incompletos, destruidos o dañados, o diferentes a los requeridos.

 

Con base en información suministrada por Reficar, a abril de 2016, el equipo auditor de la CGR ha establecido que de los materiales adquiridos por Reficar, de acuerdo a los requerimientos de CB&I, se presentaron sobrantes por valor de 57,7 millones de dólares, correspondientes a 3.922.928 unidades.

 

El 57,4 por ciento de los materiales sobrantes, que corresponden a 2.251.726 unidades, no están valorizados, y se encuentran hoy en proceso de revisión por parte del equipo auditor de la CGR.

 

Proveedores recomendados por CB&I

 

Se ha encontrado igualmente que CB&I recomendaba proveedores que manejaban precios superiores a los presupuestados: Para el caso de los Consorcios, 26 contratos, por un valor total de 890.000 millones de pesos, fueron concedidos a 9 empresas, que se alternaban entre sí.

 

El valor de estos contratos sufrió un incremento del 69 por ciento, dado que el valor inicial de los mismos era de 526,565 millones de pesos. El caso que más ha llamado la atención es un contrato donde se hizo invitación directamente al Consorcio ya constituido.

 

Adicionalmente, CB&I presentaba órdenes de compra con errores e incompletas.

 

En Maya dijo en la plenaria del Senado que hubo un inapropiado manejo de costos y un mal manejo de los oferentes. Muestra de esto son las reclamaciones por elementos con altos niveles de corrosión, componentes incompletos y daños en la manipulación, situación que se repite en más de 300 oportunidades.

 

Trato preferencial a expatriados

 

En cuanto al manejo de las relaciones laborales del proyecto, se dio un trato preferencial a los trabajadores expatriados. Es así como se les concedía el doble de vacaciones en tiempo, frente a los nacionales (40 días vs. 20 días).

 

Igualmente, se advierte falta de planeación en la subcontratación. Este es el caso de un contrato de trabajos misceláneos (objeto contractual amplio), que inicia en 200 millones de pesos y termina en 1.335 millones de pesos, con 33 adiciones (más del 578 por ciento de incremento).

 

Descoordinación y falta de prácticas industriales

 

Tampoco hubo coordinación entre la ingeniería de CB&I y los subcontratistas. Por ejemplo, la no integración del sistema SPM (Plan Inteligente de Materiales)  con la Ingeniería contribuyó a que CB&I  realizara compras masivas de materiales con errores o fuera de secuencia.

 

Igualmente, no se aplicaron las mejores prácticas industriales: con ocasión de las lluvias del 2011 se presentaron daños en los equipos Kirchner y Lummus, esta última licenciataria de CBI, que recibirá regalías por el uso perpetuo de la tecnología, sin que se hubieran tomado acciones diligentes para mitigar el impacto de la humedad en la parte refractaria de los mismos. Ello dio lugar a reparaciones por 24 millones de dólares para lograr restablecer su funcionalidad.

 

Estos equipos estaban en la zona Casablanca, ubicada dentro de la refinería,  bajo la custodia de CB&I.

 

¿Cómo avanza la actuación especial de la CGR?

 

Tras la revelación del estudio sectorial de la Contraloría Delegada de Minas y Energía que dio cuenta de presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena, la Contraloría General de la República avanza en la realización de una Actuación Especial de Fiscalización.

 

Un equipo interdisciplinario de 30 funcionarios adelanta labores de campo y de recolección de información  y, mediante técnicas y procedimientos de auditoría, busca evidenciar las deficiencias presentadas en la ejecución del proyecto.

 

Según precisó el contralor Maya, una vez la CGR concluya esta fase investigativa, y previo análisis de los hechos evidenciados, se proferirán las conclusiones y resultados de la misma, determinándose los hallazgos encontrados.

 

Tales hallazgos pueden adquirir connotación fiscal si se documenta la afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público, en cuyo caso, se ordenará por parte de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, o a la Unidad Anticorrupción, según se determine, la apertura de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal.