Hallazgos fiscales por $1.765 millones en Senado y $921 millones en la Cámara.

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Hallazgos fiscales por más de 2.600 millones de pesos reportó la  Contraloría General en el Congreso de la República, una vez adelantadas auditorias tanto en la Dirección General Administrativa del Senado como en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.

En el Senado se formularon hallazgos con incidencia fiscal por valor total de 1.765 millones de pesos, por los siguientes hechos:

*Durante los meses de marzo a septiembre de 1999 la Dirección General Administrativa del Senado  no realizó el pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abonos por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados (276.593.257,93 pesos) e intereses de mora (716.310.032 pesos).

Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de 992.903.290,93 pesos, por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron.

*Pago de intereses de mora a la Caja de Compensación Familiar por debilidades en la liquidación de aportes parafiscales, al no contemplar dentro de la base de liquidación los conceptos de prima de servicios e indemnización de vacaciones, generando un detrimento al patrimonio público por 650.145.465 pesos.

*Debilidades en la supervisión e interventoría del contrato de obra celebrado para la modernización de las baterías sanitarias del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por 85.201.204,32 pesos (incluido el costo directo e indirecto), derivado de mayor obra ejecutada sin evidencia o justificación técnica, cantidades pagadas y no ejecutadas, cambio de especificaciones técnicas pactadas y doble pago por concepto de retiro de escombros.

*Debilidades en la supervisión e interventoría del contrato celebrado para la adecuación de oficinas con suministro de mobiliario para el Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por 36.931.648,82 pesos (incluido el costo directo e indirecto), derivado de las diferencias en las cantidades de obra verificadas en visita de la CGR frente a las registradas en el acta de recibo final y faltante de algunos muebles en el inventario y en las instalaciones del Senado, los cuales hacían parte del contrato.

En la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por valor total de un poco de más de 921 millones de pesos.

Los hallazgos están relacionados con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.

Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016.

Dentro de las irregularidades que generaron el detrimento patrimonial, se evidenció que:

*Se descontó al valor comercial de los vehículos establecido en las tablas del Ministerio de Transporte, sumas de: “Mantenimiento General”, “Vicios Ocultos”, y “Otros Descuentos (Logística de retiro y tiempos de entrega)”; descuentos que corresponden a conceptos duplicados y por tanto no debían incluirse, dado que estaban a cargo del intermediario y hacían parte de la comisión a pagar por el servicio de intermediación, o no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo para este tipo de procesos contractuales.

*Además, se estableció que en la determinación del precio base de venta y/o avalúo de vehículos blindados se descontó, entre otros aspectos, el mantenimiento del blindaje general del vehículo, descuento que no aplicaba, dado que los automotores a subastar tenían resolución de desblindaje y, por tanto, una vez subastados debía desmontarse el blindaje, lo que significa que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes no tenía que invertir recursos en dicho mantenimiento. Así, en el evento que los compradores quisieran conservar el blindaje, debían solicitar la autorización.

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