La Contraloría General de la República llamó al presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, y a otros funcionarios de esa entidad a responder por un daño al patrimonio natural de la Nación por valor de $35 mil 154 millones de pesos.

En concreto, el ente de control imputó responsabilidad fiscal contra el presidente de la compañía, Javier Genaro Gutiérrez; el Vicepresidente de Transporte, Alvaro Castañeda Caro; y el Superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la Vicepresidencia de Transporte VIT, Gerardo Iván Mesias Rosas; entre otros funcionarios.

También  imputó responsabilidad fiscal contra los contratistas INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO  SAS - ICA DE MEXICO SAS y TERMOTECNICA  COINDUSTRIAL S.A, integrantes del consorcio ICAMEX TERMOTECNICA, contratista de la sociedad ECOPETROL S.A..

En el caso de los directivos y funcionarios de Ecopetrol, la Contraloría General de la República les atribuye omisión en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos en cuanto a la responsabilidad que les asistía a estos,  de adelantar acciones pertinentes para prevenir la rotura del oleoducto Caño Limón – Coveñas, el día 11 de diciembre de 2011 en el sector kilometro 231+080, específicamente en el predio El Pedregal, de la vereda Cuellar, del Municipio de Chinácota, del departamento de Norte de Santander.

La rotura del oleoducto afectó un trayecto de recursos naturales en una extensión de 80 kilómetros y un ancho entre los 10 y los 100 metros. La CGR pudo verificar que “existía información técnica, conocida por los funcionarios de ECOPETROL vinculados en el proceso de Responsabilidad Fiscal, de la cual se desprendían situaciones que permitían prever que la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra alojado el tramo de oleoducto podía colapsar”.

Así mismo, la responsabilidad imputada cobija a los contratistas integrantes del consorcio ICAMEX TERMOTECNICA, quienes para la fecha de los hechos se encontraban ejecutando un contrato para la  prestación de los servicios de contención de crudo y descontaminación ambiental, servicio que resultó ineficiente e ineficaz a la hora de conjurar el hecho, toda vez que no logró contener el daño de manera oportuna a efectos de evitar que se causara un perjuicio mayor al derivado del derrame de crudo generado ese día.

Según la Contraloría General, el plan de contingencia que se puso en ejecución  una vez conocido el siniestro, fue ineficiente, ineficaz, antieconómico y desprovisto de valoración del principio de costos ambientales, puesto que las inversiones en infraestructura y obras desarrolladas para evitar un mayor daño, no cumplieron con el objetivo y fines señalados en dicho plan de contingencia, ocasionando con ello, además de la perdida ambiental, pérdidas significativas al erario público, representado en el número de barriles de petróleo derramado.

Esta es la primera vez que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su función Constitucional, busca proteger el Derecho que a todos los ciudadanos colombianos les asiste de gozar de un medio ambiente sano, el cual, como consecuencia de los hechos acaecidos el 11 de diciembre de 2011, se vio afectado notoriamente, no solo por la extinción de especies locales autóctonas, sino también de plantas y animales domésticos que se cultivan y crían en la región, generando igualmente la dispersión de enfermedades por varios territorios colombianos. 

La Contraloría citó a los vinculados a este proceso de responsabilidad fiscal a rendir descargos el próximo martes 14 de agosto, a la 9:00 de la mañana, en la sala de audiencias ubicada en el piso 12 de la sede central de la CGR (Carrera 10 No. 17-18).