Por la comisión de presuntos ilícitos que podrían haberse presentado en relación con la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios nacionales, la Contraloría General de la República abrió varios procesos de responsabilidad fiscal, en una cuantía preliminar estimada de 17 mil millones de pesos.

A esto se suma, la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal por actuaciones que presuntamente comprometen al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, y a su director, el Mayor General Gustavo Ricaurte Tapa, por el posible deterioro del patrimonio del Estado derivado de la no utilización de los equipos de seguridad electrónicos, contratación que tuvo un costo aproximado de $28 mil millones de pesos.

Igualmente, se abrió juicio fiscal al director del Inpec por el presunto detrimento patrimonial que se desprende de la celebración de un contrato con sobrecostos por 775 millones de pesos, destinado a la adquisición de kits de aseo para los reclusos.

En concepto de la CGR, la situación anterior pudo haber tenido repercusiones en relación con el tema de la salud en las cárceles, dado el hacinamiento existente y el alto impacto que pueden tener los problemas de higiene.

Para la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, las cárceles de Colombia están avocadas a un drama humanitario sin precedentes:

“La situación crítica y desastrosa de hacinamiento, la casi absoluta desatención de los servicios de salud, las deficiencias en alimentación, la posible ejecución de prácticas corruptas objeto de investigación, los riesgos que comporta la posibilidad de propagación de enfermedades epidémicas y el sufrimiento diario de los reclusos, han sumido a los establecimientos penitenciarios nacionales y a más de cien mil personas en un estado calamitoso en el que se ha arrasado con los más elementales derechos fundamentales, entre ellos, el más esencial de todos, dado que el mismo derecho fundamental a la vida de los presos está en serio peligro”.

La Contralora recibió una comunicación de parte del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole oficialmente que intervenga de manera inmediata en el problema de las cárceles, en momentos en que el Gobierno Nacional, por conducto de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, además de gestionar recursos para la construcción de nuevos establecimientos carcelarios, se ha visto obligado a adoptar una medida excepcional al decretar la Emergencia Carcelaria.

“La situación de las cárceles debe tratarse de manera urgente y, en este sentido, la Contraloría General de la República, desde su ámbito de competencias, no ahorra acciones para intervenir de manera inmediata”, concluyó el pronunciamiento de la Contraloría General.