No se sabe qué tenga la Contraloría General de la República y cuál sea su atractivo irreductible para haber causado semejante estremecimiento en la política colombiana durante los últimos días.

Este organismo de control fiscal fue establecido en Colombia desde que la Misión Kemmerer, en los años 20, durante la administración del presidente Pedro Nel Ospina, recomendó instituirla para controlar el gasto público, las cuentas del Estado y vigilar los dineros recaudados por impuestos, tarifas u obtenidos a través de la deuda pública. Con ello se quiso modernizar las inversiones estatales y garantizar su buena administración.

La Contraloría, poco a poco, adquirió un poder monumental. Organizando la fiscalización presupuestal, a partir del control previo, no sólo ensanchó su burocracia a niveles desmedidos, sino que comenzó a intervenir de antemano en las licitaciones y actividades del Estado, de suerte que sin su autorización nada se podía hacer.

Determinada, además, la elección del Contralor por parte del Congreso, la entidad se fue convirtiendo en un fortín de los gajes, de manera que los respaldos de las bancadas  derivaban en nombramientos posteriores, devolviendo los favores recibidos. Por ello, en las discusiones de la Asamblea Constituyente de 1991, se definió, de un lado, reducirla y, de otro, pasar al control posterior y selectivo, de manera que se extirparan los feudos podridos y la connivencia entre los sujetos de control y los controladores.

No obstante, se dejó que el organismo recurriera a controles de advertencia, lo que de algún modo terminó significando un resurgimiento del control previo. Precisamente una reforma en tal sentido fue lo que anunció esta semana el presidente Juan Manuel Santos.

Pulso político

Pero más allá de los instrumentos institucionales, el nombramiento del nuevo Contralor, por parte del Congreso, que deberá surtirse en estos días, ha despertado una verdadera puja de alto nivel.

Configurada la terna por las altas Cortes, el exprocurador Edgardo Maya, el exsenador Carlos Ardila y el exrepresentante Gilberto Rondón, todos de origen liberal, entraron a buscar los respaldos de las jefaturas políticas. Maya se acercó al Gobierno, Rondón contó con el respaldo del expresidente César Gaviria y buscó contactos con el uribismo, y Ardila fue perdiendo el apoyo de Cambio Radical.

Fue precisamente un guiño del presidente Santos a favor de Maya, en las conversaciones con la bancada del partido de La U, lo que despertó la ira de Gaviria, ex jefe de debate del propio presidente Santos, advirtiéndose una sorpresiva división del liberalismo, uno de los baluartes de la coalición de Unidad Nacional. Ni siquiera una reunión entre el Jefe de Estado y el expresidente logró limar las asperezas, aunque al final de la semana los términos de la pugna habían aminorado de voltaje y Gaviria sólo le pidió a Santos volver al estado de neutralidad en el que había estado en los últimos meses. En tanto, el Presidente se reunía con la bancada conservadora en pleno, repitiendo el guiño hacia Maya bajo la consigna de que no vetaba a ningún candidato pero que al único que conocía, tanto personalmente como en sus funciones estatales, era Maya.

Imputación de cargos

Como si fuera poco, en medio de esta transición el antiguo rifirrafe entre el fiscal Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli llegó a su momento culmen cuando la Fiscalía anunció imputación de cargos por los contratos arrendamiento y el cambio de sede de la Contraloría.

Ya la alta funcionaria habló de acudir a las garantías internacionales, llegando incluso a decir en el Congreso que si “el Fiscal pudiera me mandaría a matar”.  

Entretanto, la Fiscalía se ha mantenido en sus investigaciones y dictámenes, coadyuvada por la auditora General de la Nación Laura Emilse Marulanda.

Como se sabe, Morelli se ha caracterizado por hacer una Contraloría activa y diferente a la tradicional. Ella sugiere que la acción de la Fiscalía se debe, entre otras, a actuaciones de la Contraloría en el caso Saludcoop, entidad de la que Montealegre fue asesor legal.

La Fiscalía, por su parte, no sólo habla de detrimento fiscal, sino de contratación irregular y punible en el cambio de sede de la Contraloría, ubicada ahora en uno de los anexos del centro comercial Gran Estación, en la capital del país.

Tercia Ordóñez

En medio de ello, el procurador Alejandro Ordóñez entró a terciar en otro proceso que se le sigue a Morelli por el tanqueo de su carro particular, presuntamente, con dineros del erario, diciendo que la Auditoría prejuzgó en ese caso. Pero más allá de ello, el Jefe del ente disciplinario ha sostenido que mantendrá ojo avizor sobre el Comité de Acreditación en el Congreso que debe certificar el cumplimiento de los requisitos legales y la habilitación de los candidatos a la Contraloría.

Como es conocido, en caso de evadir las inhabilidades a que están sujetos los ternados, la responsabilidad disciplinaria recaerá en los parlamentarios del Comité que habrían inducido a error a sus colegas.

La tesis de Ordóñez, contestando a una petición de concepto elevada por la Comisión de Acreditación, sostuvo que no podía hacer control previo a las candidaturas. Pero, particularmente frente a Maya, dejó entrever, al no pronunciarse en concreto, que está a un plazo de cumplir los 65 años de edad, que lo inhabilitaría para el cargo y que recientemente fue conjuez de las Cortes, lo que por igual significaría una inhabilidad. Y que ello podría ser motivo de investigaciones disciplinarias posteriores. Los partidarios de Maya, encabezados por el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, infieren que éste a hoy tiene 63 años y que el carácter de conjuez no tiene las condiciones comunes de un magistrado en propiedad. Pero entre las interpretaciones cualquier cosa puede pasar.

Incertidumbre

Es en ese escenario de múltiples aristas en que se va a elegir al nuevo Contralor. El presidente Santos entró de algún modo en la puja, de suerte que se está jugando como eventualmente no había ocurrido hace tiempo. La última vez que se eligió a un Contralor que no tuviera el guiño presidencial fue en la época de Alfonso López Michelsen, en 1974. Entre tanto, Morelli salió a los Estados Unidos, aunque la Fiscalía se abstuvo de cualquier medida precautelativa, salvo prohibirle la salida del país. Ello, dijo la Contralora, solo lo puede dictaminar un juez.

En la semana que comienza, por lo tanto, puede pasar cualquier cosa con la elección de Contralor. Una que definitivamente Maya se imponga, con el respaldo de La U, el Partido Conservador y Cambio Radical, produciéndose una división liberal o por lo menos dejando a un lado los dictámenes de Gaviria, considerado el jefe natural de la colectividad. Otra que la terna sea devuelta, vista la advertencia del Procurador. Una tercera, que se imponga un candidato diferente a Maya, en espera a la actitud que vaya a asumir el Centro Democrático del expresidente Uribe, Opción Ciudadana y los sectores de izquierda, en asocio con quienes desestimen las directivas gubernamentales.

Sea lo que sea en esta ocasión muy posiblemente no haya Contralor por unanimidad o grandes mayorías, como suele ocurrir, o inclusive es posible que deba recurrirse, como se dijo, a una  nueva terna al igual que pasó hace un año y medio con el Fiscal General de la Nación.