La Contraloría hizo un control al Alcalde de Florida, Valle, Tulio González, sobre las consecuencias que puede generar el pago de cuentas por pagar sobre las cuales no se tenga certeza que están a cargo del municipio, lo cual puede lesionar el patrimonio del Estado.

En concreto, la Contraloría advirtió al Alcalde sobre “el riesgo de detrimento patrimonial por el pago de obligaciones que no sean ciertas o sobre las que no se haya verificado, en forma minuciosa, el cumplimiento del objeto contratado”.

Atendiendo una solicitud de control excepcional, para las vigencias 2011 y 2012, aprobada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la Contraloría General de la República se encuentra realizando una Actuación Especial al Municipio de Florida (Valle), sobre los estados financieros, presupuesto e inconsistencias sobre la deuda pública, entre otros.

Uno de los objetivos de la actuación se enfocó en la cuantificación y evaluación de las Cuentas por Pagar del municipio, y se encontró que existen obligaciones desde 2007 al 2011 que tienen efectos negativos sobre las finanzas y viabilidad de este ente territorial.

Como resultado del control excepcional y de la visita practicada por la CGR, se evidenció que el municipio relaciona cuentas por pagar por $1.398.684.602 aproximadamente, discriminados en los rubros de Honorarios, Órdenes de Prestación de Servicios, Suministros, Convenios y Contratos.

Estas cuentas por pagar se encuentran en proceso de depuración por parte del Municipio, sin que a la fecha se tenga un dato cierto, medible y cuantificable sobre el valor real que adeuda el ente territorial.

Existen cuentas por pagar desde la vigencia 2007 al 2011, sobre las cuales la CGR considera que “antes de proceder a su pago, se debe tener la certeza de la recepción de los bienes o servicios, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y la vigencia de las respectivas pólizas”.

“Una vez se cuente con la certeza sobre la obligación, se hace necesario realizar el procedimiento para el pago y así evitar procesos judiciales o el pago de intereses moratorios, en los casos en que aplique, con el fin de que no se incremente el déficit del ente territorial, agravando su situación financiera”, indicó la Contralora Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luz Helena Borrero.