Hacienda dice que no tiene más plata para financiar en lo que resta de 2017 este mecanismo así como las revocatorias de mandato de alcaldes. Municipios señalan que no les pueden cargar estos costos; 

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Con malos ojos fue vista la comunicación que se conoció de ayer del Gobierno que no tiene más plata para financiar en lo que resta del año las consultas populares y las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores, y que por ello municipios y departamentos tendrán que meterse la mano al bolsillo.

La Misión de Observación Electoral reaccionó señalando que es una falta de previsión del Gobierno no tener contemplados los recursos necesarios para financiar este año las consultas populares y las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores, mecanismos que están contemplados en la Constitución para permitir la expresión ciudadana a través del voto.

En tanto que la Federación Nacional de Municipios, a pesar de las reservas que tiene frente a las revocatorias del mandato de alcaldes, dijo que no se le debe cargar a los apretados recursos de los municipios la realización de estas jornadas.

La advertencia

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, dijo a Caracol Radio que “no tenemos los recursos para adelantar las consultas y las revocatorias de mandato por el resto del año, que más o menos ascienden a $2.300 millones. La semana pasada el Ministerio de Hacienda nos envió una carta diciendo que no le correspondía a la Nación financiar ese tipo de procedimientos sino a cada una de las entidades territoriales, razón por la cual tuvimos que enviarle unas cartas al alcalde de Granada y al Gobernador de Boyacá, informándoles que no contábamos con los recursos para adelantar estos procesos que se debían surtir el próximo domingo”.

No obstante, el Registrador Nacional aclaró que “consideramos, y son los planteamientos que le hemos venido haciendo al Ministerio de Hacienda, que eso es un gasto que le corresponde a la Nación porque se trata de procesos electorales que debe atender el Estado, y la entidad estatal llamada a esos efectos es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por esa situación el título del gasto público le corresponde a la Nación, que debe suministrárselo a la Registraduría para que podamos adelantar ese tipo de procesos”.

Galindo explicó que el presupuesto de la Registraduría para 2017 fue aprobado el año anterior, contemplando recursos para algunas consultas y revocatoria de mandato, pero “hay muchos eventos de estos que vienen surgiendo  de un momento para otro, razón por la cual tenemos que acudir al Ministerio de Hacienda”.

El Registrador dijo que tiene reunión el día de hoy con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el fin de examinar la situación que se presenta y “mirar cómo se pueden financiar los diferentes procesos”.

Municipios dicen no

El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que “lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo es que el país tiene prioridades muy importantes en inversión social como para estar gastando plata en consultas para revocar alcaldes, que obviamente provienen de intereses particulares que no interpretan el querer de toda la comunidad”. 

Añadió que las revocatorias que se han realizado hasta el momento “no han dado ningún resultado en favor de las que las promueven porque la gente no come cuento, no va a salir a revocar un alcalde porque quienes perdieron las elecciones con ellos quieren aprovechar ese mecanismo para tumbarlos”.

No obstante, Toro fue enfático en señalar que “lo que no puede hacer el Ministerio es decir que la plata entonces la saquen los municipios porque eso no es posible. Entre otras cosas porque no pueden convertir al alcalde en juez y parte. A un alcalde que lo pretenden revocar decirle que además tiene que pagar el proceso, eso es un absurdo”.

En Granada votarían

Los 16 comités promotores por el No en la consulta minera en el municipio de Granada (Meta) rechazaron el pronunciamiento de la Registraduría de que no hay plata para hacer la consulta este domingo.

 A tan sólo cinco días de llevarse a cabo la consulta popular en Granada, la Registraduría Municipal solicitó al alcalde local suspender mediante decreto su realización, hasta que se defina a quién le corresponde la financiación de la misma, debido a un comunicado emitido por la Registraduría Delegada en lo Electoral donde se informa que obtuvo respuesta negativa del Director Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda a la solicitud de recursos para adelantar el ejercicio electoral, argumentando que “en razón a la territorialidad de los mecanismos de participación ciudadana, éstos deben ser financiados por los municipios y la gobernación respectiva”.

Sobre el particular el alcalde de Granada, Meta, Juan Carlos Mendoza, anunció que no expedirá decreto para hacer que el ejercicio electoral se postergue, teniendo en cuenta que en otros municipios donde se han realizado consultas, no tuvieron que asumir esos costos y por ello reclama igualdad de condiciones.

Para Alexis Montoya, concejal de Granada y uno de los promotores de la consulta, se trata de una jugada perversa ya que desde el momento en que el alcalde emite el decreto y se pone de acuerdo con la Registraduría en la fecha de realización del ejercicio electoral y bajo ese supuesto, ya deben estar asignados los recursos por la Nación para ese fin.

Rechazo de la MOE

“A la Misión de Observación Electoral le causa una gran sorpresa la falta de planeación que se ha demostrado entre las autoridades electorales y el Ministerio de Hacienda” en este caso”, indicó la directora de esta ONG, Alejandra Barrios.

Añadió a este Diario que “no puede ser que tres días antes de una consulta popular y una revocatoria de mandato, la de Sogamoso y la de Granada en Meta, se den cuenta que no tienen recursos para hacer esta jornadas”.

Barrios dijo que desde la MOE han visto “una ausencia del Consejo Nacional Electoral, y es este órgano rector de los procesos electorales y de participación en este país. Aquí parece un convidado de piedra, el Consejo Nacional Electoral debía estar al tanto y tener además el  diálogo de presupuesto con el Ministerio de Hacienda, y aquí no ha hecho absolutamente nada”.

En segundo lugar, anotó Barrios, es “incomprensible que cuando todavía no están faltando unos siete mecanismos de participación ciudadana, que esto no haya sido detectado de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y la Registraduría del Estado Civil. Es que estamos hablando del cumplimiento de una norma constitucional, pero además de vital importancia porque es la vida democrática de un país. Esto no es nuevo, todos estos mecanismos de participación de elecciones atípicas, de consultas, etcétera, han estado puestos en la agenda a lo largo de todo el año y caímos en cuenta cuando ya no tenemos plata”.

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