Su preocupación porque las consultas populares contra la minería se generalicen, pues más del 50% de los municipios cuentan con industrias extractivas, manifestó ayer la Procuraduría en comunicación enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías.

En el documento el Ministerio Público efectuó algunas observaciones adicionales a lo ya expuesto en la carta enviada al Registrador Nacional del Estado Civil.

Por recientes fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional se ha establecido que los alcaldes, concejos y los propios ciudadanos pueden pronunciarse frente a los proyectos de minería por el derecho que les asiste de proteger su medio ambiente.

Además, la Procuraduría manifestó en el documento su preocupación por los efectos sobre las finanzas públicas si los proyectos mineros son frenados en las urnas e, incluso, los cotos que acarrearía la celebración de la multiplicidad de consultas.

“Con ocasión del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo, la economía nacional ha sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías. De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el Gobierno nacional adelanta pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal”, indicó el Ministerio Público.

Añadió que cada consulta popular que se quiera realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda una importante inversión de recursos públicos, como lo manifestó el propio registrador delegado en lo Electoral, quien señaló que para poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de Ibagué, se requirieron más de 540  millones de pesos.