Cuando faltan dos meses para que se cumpla el plazo que le dio la Registraduría para recoger 1.762.083 de respaldo con miras a la consulta anticorrupción en la que se embarcó el Partido Alianza Verde, ya sobrepasaron esa cifra, pues en este momento “estamos entre 1.800.000 y 2.000.000 millones de firmas”. Así lo señaló la representante a la Cámara Angélica Lozano Correa.

No obstante, la Parlamentaria del Partido Alianza Verde le dijo a EL NUEVO SIGLO que “nuestra meta es poder entregar más, entregar 3 millones”, pues tras observar otras experiencias adelantadas de mecanismos de participación popular, las cuales demandan primero la recolección de firmas que respalden la iniciativa, los promotores de la consulta anticorrupción concluyen que hay una alta tasa de rúbricas que son anuladas por la Registraduría Nacional en el proceso de verificación.

“Por eso queremos entregar más, un buen colchón porque siempre anulan muchas. La exigencia legal es 1.762.083 firmas.  Ya estamos logrando la meta legal, pero nos hace falta más firmas para tener de colchón por lo que hay una anulación considerable cuando las revisen”.

Los promotores de esta iniciativa contra la corrupción tienen hasta el 26 de julio venidero para hacer llegar al menos 1.762.083 firmas ciudadanas de apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de poder seguir con su trámite hasta alcanzar su objetivo final: que el Presidente convoque la consulta.

Los objetivos

La consulta anticorrupción que promueven varios parlamentarios verdes y que cuenta con el apoyo de esta colectividad recoge los objetivos de cinco proyectos de ley que fueron hundidos en varias ocasiones en el Congreso de la República.

Es el caso del proyecto de ley de transparencia, archivado en tres oportunidades; dos veces el que reduce los salarios de los parlamentarios; dos veces el que pone límites a la reelección en corporaciones públicas; así como una iniciativa sobre contratación pública.

El pasado 16 de enero el Comité Promotor integrado por Claudia López, Antonio Navarro, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Rodrigo Romero, todos de la Alianza Verde, presentó ante la  Registraduría la consulta anticorrupción, que tiene por objetivo poner a consideración de la ciudadanía siete temas para prevenir y castigar a los políticos y contratistas corruptos.

En esa oportunidad la parlamentaria Lozano explicó a este Diario que optaron por la consulta porque “el referendo es una ley, es decir que el Congreso adopta esa ley, y como ya nos hundieron estos contenidos de la consulta siete veces, pues no tiene sentido traerlos una octava vez. Si los hundieron siete veces en dos años y medio, pues no nos queremos tropezar de nuevo con la misma piedra. Lo que decidimos fue el camino de la consulta, que son mandatos. Si logramos que se realice y sacamos el umbral, que es altísimo, el más alto de todos, es un mandato que la ciudadanía  en las urnas le da al Congreso”.

Agregó que el mandato al Parlamento es “reglamente esto. Si no lo saca en la siguiente legislatura, no quiere decir deje así. Si no lo saca el Congreso, el Presidente de la República lo puede sacar por decreto. Por eso escogimos la consulta, porque es un camino más largo, más difícil, más exigente, pero a la fija, no lo puede bloquear el Congreso”.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana muy exigente en el número de firmas  y votos requeridos para su aprobación (11 millones), pero tiene la ventaja de que lograda la votación, lo aprobado en la consulta es de obligatorio cumplimiento.

Siete medidas contra corrupción

Con esta consulta los colombianos decidirían en las urnas:

1. Reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente.

3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

5. Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.

6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos.

7. Limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.