<ANTETIT>HAY CINCO ASPIRANTES A CONCEJOS El candidato a la Gobernación del Chocó ya le había retirado su respaldo Cambio Radical.
ANULAR LA inscripción de varios de los candidatos avalados inicialmente pidió el Partido Conservador al Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo a lo que se conoció ayer, la colectividad encontró que cinco de sus candidatos tienen órdenes de captura y que otro podría estar inhabilitado.
Este último es el candidato a la Gobernación del Chocó, Luis Gilberto Murillo, a quien ya Cambio Radical le había retirado su aval.
Murillo, que ya fue Gobernador, fue acusado de prevaricato en concurso sucesivo y homogéneo al cambiar, según sus acusadores, la destinación “de una partida de cinco millones de pesos que eran supuestamente para saneamiento ambiental y se utilizó para reparar una escuela en Andagoya”, explicó el propio aspirante, quien alega que no está inhabilitado.
Además, según el senador caucano José Darío Salazar, presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC), 36 mujeres renunciaron a sus aspiraciones y se requiere la modificación de las 42 listas a concejos municipales en las que se encontraban para lograr el 30 por ciento de la cuota de género.
Salazar dijo que se espera que pronto el CNE resuelva la impugnación para poder recomponer las listas, de conformidad con la reforma política.
El exrepresentante santandereano Jorge Humberto Mantilla, secretario general del DNC, aclaró que las personas con orden de captura son aspirantes a concejos de varios municipios, detalles que prefirió no suministrar amparado en el principio de buena fe guardada.
En total, el número de impugnaciones corresponde a 446 candidaturas en todo el país.
Como se recordará, hace un par de semanas el concejal Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical, le había pedido al CNE revocar la inscripción de más de 300 candidatos, incluyendo las de Julio César Acosta, concejal bogotano que buscaba ser reelegido, quien es hijo del exgobernador araucano Julio Acosta procesado por homicidio, y José Luis Pinedo, aspirante a la Gobernación del Magdalena, hijo del excongresista Miguel Pinedo, actualmente enjuiciado por parapolítica.
De los 308 avales revocados por el concejal Galán, 248 corresponden a candidatos condenados por diversos delitos y 51 son aspirantes vinculados a investigaciones por delitos como narcotráfico o delitos de lesa humanidad.
Otros 9 por razones políticas, como los ya mencionados Acosta y Pinedo. En este selecto grupo también figuran, entre otros, Carlos Eduardo Pinilla, candidato a la Gobernación de Arauca y exsecretario del exgobernador Acosta; Luz Marina Rivera, suegra de Carlos Noel Buitrago, alias Porremacho, primo del jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, candidata a la Asamblea de Casanare.
Tribunales
El ministro del Interior, Germán Vargas, le solicitó al CNE la instalación de tribunales electorales en las zonas de más alto riesgo para los comicios del 30 de octubre.
Estos Tribunales serán los encargados de revisar las quejas y denuncias que se presenten por temas relacionados con la financiación de campañas y publicidad de las mismas.
Así mismo, el Ministro del Interior indicó que en los próximos días serán designados los Delegados del Gobierno para el proceso de vigilancia y control de las próximas elecciones.
Los Delegados del Gobierno son los encargados de monitorear en las regiones el desarrollo de la jornada electoral y de hacer un seguimiento continuo desde el día de su nombramiento hasta la fecha de las elecciones.
Transparencia
El procurador Alejandro Ordóñez manifestó ayer, en Riohacha, Guajira, que “la presencia del Ministerio Público es trascendental por la función que se desempeña en la institucionalidad con autoridad e independencia, que son las que generan confianza e implican credibilidad en el cumplimiento de las funciones, pero esos poderes, son riesgosos si no se ejerce con la debida responsabilidad e independencia” y enfatizó en la necesidad de articular los entes de control para garantizar unas elecciones transparentes.
Ordóñez sostuvo que “en materia electoral se debe reflejar la misión constitucional y legal de la Procuraduría General de la Nación como garantes de garantías, de ponderados en el ejercicio de la función y de respetuosos de los derechos que tienen los ciudadanos a elegir y ser elegidos”.
El funcionario aseguró que “el momento actual de la Procuraduría resulta de vital importancia para la democracia colombiana, en la medida que se encuentra en curso el proceso electoral con miras a las elecciones de las autoridades y corporaciones locales y departamentales que se llevara a cabo el próximo 30 de octubre de 2011”; escenario en donde se requiere la participación activa y decidida del Ministerio Público de manera tal que se obtengan resultados absolutamente transparentes al amparo de la normatividad vigente, incluida la Reforma Política.
El procurador Ordóñez solicitó que para el día de las elecciones, con el concurso de los personeros municipales, procuradores regionales y provinciales, se asegure la presencia y control en los 1.102 municipios del país y el cumplimento de las funciones de los jurados, testigos y demás autoridades que contribuyan en la organización de la jornada.
El Procurador subrayó que “el problema de la corrupción no es de un Gobierno, es un problema que afecta sustancialmente las fibras morales de toda la sociedad, donde están involucrados es sector público y privado” y concluyó que “si hay algo que aquí se ha democratizado es la corrupción”, a lo cual instó a todos los actores del Estado y el país en general a combatirla sin temor.