El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial a pagar 119 millones de pesos por los perjuicios causados a un abogado por un error judicial en el que incurrió la Sala Laboral del alto tribunal.

La sanción tiene lugar debido a un recurso de casación en el que el abogado Jaime López reclamaba sus honorarios por haber presentado en el año 1985 los intereses de una empresa en liquidación, logrando que se revocara una resolución que imponía una gran multa a dicha compañía.

Según el demandante, la Corte no tuvo en cuenta las pruebas presentadas como el contrato de prestación de servicios que firmó el abogado y dieron valor a lo señalado por el demandado, el cual sostuvo que el abogado no tenía poder para solicitar la revocatoria.

De acuerdo con el fallo, el alto tribunal concluye que la Sala Laboral incurrió en un error de hecho por la indebida apreciación de una prueba documental.