REGLAMENTARel uso de las playas consideradas turísticas, para proteger la vida y la integridad de las personas que las visitan es el propósito de un proyecto de ley que espera debate en la plenaria del Senado.
Se trata del proyecto número 79 de 2014 Senado, “por la cual se dictan normas para restringir la circulación de vehículos en las zonas de playas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”, radicado el 2 de septiembre por el senador Antonio Guerra, de Cambio Radical y que ya tiene ponencia positiva del senador Jorge Prieto, de la Alianza Verde.
La iniciativa legislativa originalmente contaba con 14 artículos y se le adicionaron en primer debate en la Comisión Sexta del Senado los artículos del 13 al 19.
El articulado trata los siguientes temas: Establecen normas sobre la seguridad y el salvamento en las playas. Se encargan de las obligaciones de los usuarios de las playas. Restricción a las construcciones cercanas al río y quebradas.
También permite crear malecones e infraestructura peatonal y ciclorrutas. Permite a las autoridades locales restringir la actividad comercial en los frentes de agua.
Según lo establece la exposición de motivos del proyecto de ley, no existe ninguna ley que regule el uso de las playas turísticas y la circulación de vehículos que pueden poner en riesgo la integridad física de los bañistas, este proyecto de ley busca reglamentar las condiciones básicas para la organización y el funcionamiento de las playas turísticas de la Nación.
Sobre la utilización y el uso de las playas costeras y de los ríos, lagos y lagunas que son utilizados en actividades recreativas no hay reglas, “entonces no es fácil evaluar los riesgos por las personas sobre todo si no han tenido un contacto constante con actividades desarrolladas en el agua o la playa, por eso es conveniente que cuenten con una debida señalización para no acceder al agua en caso de peligro, y contar con la supervisión de expertos en áreas donde se concentran turistas ya que pueden ser factores significativos de riesgo”, sustenta la iniciativa que está en curso en Congreso.
El proyecto en mención señala que las banderas y señales de advertencia son un instrumento útil que previene a los usuarios para que no realicen actividades que pueden poner en riesgo su integridad. Para su implementación no es necesario hacer una gran inversión, se puede instalar en todas las áreas de la playa.
Se estipula dónde está prohibido nadar o bañarse, deben informar o indicar las horas seguras en donde hay presencia de salvavidas y el comportamiento de la marea o el comportamiento del flujo de los ríos.
Señalización
Cabe recordar que anteriormente se había presentado una iniciativa que no siguió su trámite y que pretendía que las playas deberán contar con carteles visibles que informen a los bañistas y turistas el riesgo y el tipo de playa, ya sean playas de uso prohibido, playas peligrosas y playas libres. Así lo establece un proyecto de ley que está para ser aprobado en plenaria de Senado antes de que termine esta legislatura.
Así mismo, expresaba que los municipios debían garantizar en las playas los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios en caso de inmersión u otro tipo de lesión física.
En caso de traslado a un centro médico deben existir un servicio de ambulancia y primeros auxilios que permitan la atención pronta de la emergencia.
El proyecto crea el servicio público de salvavidas, a cargo del Estado. Los municipios que cuenten con playas de uso público o libre deberán contar con salvavidas suficientes, profesionales y entrenados en primeros auxilios y con elementos necesarios de rescate en caso de inmersión o ahogamiento como flotadores, cuerdas, cables, boyas, radios, equipos de resucitación, oxígeno, camillas y teléfonos habilitados en caso de requerir llamadas de emergencia.
Según el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), en Colombia hay más de 300 playas que deben ser vigiladas para evitar que se sigan presentando accidentes por inmersión como los que anualmente se registran en nuestras playas del Caribe, ríos y lagunas.
"Es necesario que el Estado adopte una política pública de seguridad en las playas, que ayude a proteger la vida y la integridad de los bañistas, especialmente la de los niños, que han sido ignorados por tanto tiempo", aseguró.
Este proyecto de ley da herramientas a las autoridades para regular sobre la utilización de las playas, su adecuación y la adquisición de los equipos necesarios de rescate, para contratar el personal que se requiera y para poder desarrollar proyectos de infraestructura que embellezcan las playas tal como la construcción de malecones y ciclorrutas.