Imbuido en el tema de la paz, Senado y Cámara, con anuencia del Gobierno, no se le midieron a muchas reingenierías que se consideraban urgentes y que restando apenas menos de seis meses efectivos de trabajo parlamentario, ya quedaron para los próximos Ejecutivo y Legislativo

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Faltando un poco menos de seis meses de trabajo efectivo en el Congreso de la República ya está claro que muchas reformas de primer nivel que  se había pensado haría este Legislativo, quedarán definitivamente para los senadores y representantes que se posesionen el 20 de julio de 2018.

Una situación que no solo tiene su principal causa en que la Casa de Nariño y sus mayorías parlamentarias se concentraron casi que exclusiva y excluyentemente en el tema de la paz, sino también en una evidente falta de voluntad política de Gobierno y Congreso para abocar esos grandes e ingentes ajustes de forma y fondo.

Por ejemplo, aunque hace dos semanas fue lanzado con bombos y platillos el Pacto por la Justicia, mediante el cual Gobierno, altas Cortes, Fiscalía, Procuraduría y Congreso acordaron iniciar el estudio de las bases de una reforma a la Rama Judicial integral y profunda, que supere la crisis institucional que se evidenció con los escándalos de corrupción en las más altas esferas jurisdiccionales, es claro que ya no hay tiempo para que dicho revolcón pueda ser llevado a este Congreso y mucho menos sea aprobado antes de mediados de junio, cuando termina su cuatrienio.

Es más, hay sectores de las altas Cortes e incluso del Gobierno que consideran que lo que resta de este año debería dedicarse a la construcción de un borrador de dicha reforma, pero que su aprobación no sea por vía parlamentaria sino a través de un referendo que podría realizarse el 10 de marzo, un día antes de los comicios parlamentarios.

Otra de las grandes deudas del actual Parlamento tiene que ver con la reforma al Código Minero que no fue radicada por el Gobierno pese a un mandato de la Corte Constitucional en ese sentido. Esa demora ha sido muy grave para la actividad minera y petrolera ya que, de un lado, es la jurisprudencia de las altas Cortes la que está fijando las reglas de juego del sector y, de otro, hay una alud de consultas populares municipales buscando prohibir o restringir la industria extractiva, que está en jaque en medio de una grave crisis de inseguridad jurídica.

No menos grave resulta que tampoco el Gobierno ni el Congreso impulsó la tantas veces prometida reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), columna vertebral del Sistema Nacional Ambiental y que tienen bajo su órbita gran parte del licenciamiento y vigilancia del respeto al entorno natural por parte de los desarrollos económicos, industriales, habitacionales, comerciales y de infraestructura. Es claro que meterles mano se volvió casi un imposible institucional porque la mayoría de las corporaciones son fortines políticos de los congresistas y dirigentes regionales. Incluso un reciente informe de la Contraloría daba cuenta de las debilidades estructurales de las CAR y de cómo esa circunstancia es una de las principales causas del deterioro medioambiental del país.

De otro lado, aunque en el Congreso hace curso un proyecto de reforma política y electoral, que se busca aprobar rápidamente bajo la modalidad de ‘fast track’, lo cierto es que esa iniciativa tiene pronóstico reservado. Esto debido a que muchos partidos se oponen a cambiar las reglas proselitistas en medio de la campaña parlamentaria y presidencial, a lo que se suma el temor de que el articulado termine infestado de ‘micos’.

Más temas en lista de pendientes

Otra de las grandes deudas con que apunta a cerrar este Congreso es la reforma a la educación. Como se recuerda, el gobierno Santos trató, en su primer mandato, de tramitar una modificación integral a la Ley General de Educación, pero las protestas de los estudiantes lo obligaron a retirarla. Aunque se prometió que habría un nuevo proceso de socialización y el proyecto se llevaría nuevamente al Legislativo, ello nunca ocurrió. Incluso en las negociaciones de los distintos paros adelantados por Fecode se han suscrito compromisos en los que lejos de viabilizar esa reforma, se le han puesto talanqueras.

Tampoco será este Congreso el encargado de ‘meterle diente’ a la Ley 134 de 1994 que regula los mecanismos de participación ciudadana. Pese a las evidencias de vacíos y debilitamientos de los procesos de referendo, plebiscito, revocatoria del mandato, consultas populares y al mismo voto, la reingeniería a la ley marco de todos estos instrumentos del constituyente primario sigue en vilo, sujeta en gran parte a las decisiones subjetivas del Parlamento o a la cambiante jurisprudencia de las altas Cortes.

En el campo de la salud, si bien es cierto que este Congreso aprobó la ley estatutaria que la elevó al estatus de derecho fundamental, también es evidente que la reforma integral a todo el sistema de aseguramiento y atención médica en Colombia nunca llegó al Parlamento. Aunque el Gobierno siempre respondió que dicha reforma no era necesaria y que se podía adelantar por la vía legal y reglamentaria, lo cierto es que continúan los problemas de financiamiento de las EPS y la red hospitalaria, así como la tutelitis y las quejas permanentes de los usuarios sobre la mala calidad del servicio.

Algo parecido le ocurrió a la reforma tributaria estructural que durante los siete años del gobierno Santos ha sido prometida reiterativamente pero que también debe anotarse en los grandes pendientes legislativos. La última modificación al sistema impositivo, que incluso tuvo como insumo las recomendaciones de una Misión de Expertos, terminó siendo una reforma tributaria de bajo alcance y con un objetivo cortoplacista dirigido a superar el hueco fiscal dejado por la caída de los precios del petróleo en los últimos tres años.

La reforma pensional -como parte de un revolcón normativo laboral de gran espectro- tampoco asomó pese a los múltiples campanazos sobre la ‘bomba’ en el sistema de jubilaciones y los riesgos de desfinanciamiento a mediano plazo.

También está quedando por el camino la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que es la columna vertebral de la asignación presupuestal a los departamentos y municipios, de acuerdo a sus realidades fiscales e índice de necesidades básicas insatisfechas.

A todo lo anterior debe sumarse otras reformas que se decían urgentes pero que nunca se terminaron radicando ni mucho menos aprobando en el Parlamento. En ese listado están, por ejemplo, las relativas a la acción de tutela, contratación pública, transporte de carga, mototaxismo, régimen de tierras, sistema carcelario, sistema de control fiscal, autonomía regional, esquema de subsidios, depuración normativa, consultas previas, régimen municipal y departamental, política criminal,  carrera diplomática… En fin, una gran cantidad que desde ya se vislumbra les tocará al próximo Gobierno y Legislativo empezar a asumir de entrada porque las problemáticas derivadas no dan espera.

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