Las comisiones de Paz del Senado y Cámara echaron a andar y se están preparando para, desde su ámbito, seguir de cerca y hacer propuestas frente a los diálogos que están por comenzar entre el Gobierno y las Farc. En ese propósito está última propondrá al presidente Santos reactivar el Consejo Nacional de Paz.
La agenda de las citadas células arrancará hoy con una reunión de la Comisión de Paz de la Cámara con el presidente de esta Corporación, Augusto Posada “porque hay una reconfiguración de la Comisión, vamos a quedar cerca de 30 representantes, éramos cerca de 10. Entonces vamos a reunirnos y vamos a llevar una de las propuestas que hemos estado trabajando con Joaquín Camelo y con Iván (Cepeda)”, explicó la representante Ángela Robledo, copresidente de esta célula.
Esa propuesta es la reactivación del Consejo Nacional de Paz, el cual fue convocado por última vez en junio de 2001, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana lo reunió para analizar alternativas tendientes a agilizar las negociaciones que en es entonces se adelantaban con las Farc en el Caguán.
En tanto que mañana hay una reunión de las comisiones conjuntas con el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en la cual se le expondrá la iniciativa de pedir al presidente Santos que convoque el Consejo Nacional de Paz.
La representante Robledo explicó que “uno de los puntos de la agenda que se firmó es el tema de la sociedad civil. Entonces la pregunta es ¿eso cómo se va a armar, cómo lo está pensando el Gobierno?”
En tanto que el presidente del Congreso, Roy Barreras, mediante la Resolución No. 44 del 6 de septiembre de 2012, reintegró la Comisión Accidental de Paz del Senado, de la cual hacen parte 17 senadores y senadoras pertenecientes a las distintas bancadas que tienen presencia en el Senado.
La Comisiónestará presidida por el senador Jorge Eduardo Gechen y tendrá como copresidentes a los senadores Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático) y Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional –La U).
La Comisiónse reestructura en momentos en que el Presidente de la República ha anunciado un acuerdo general entre el Gobierno Nacional y las Farc “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y, como consecuencia, se establecerá una Mesa de Conversaciones que se instalará públicamente en Oslo (Noruega), y luego tendrá como sede principal La Habana (Cuba).
En tales circunstancias, la Comisión tiene una oportunidad excepcional para cumplir con el encargo de “colaborar con el Ejecutivo en lo concerniente al logro de la paz y la convivencia pacífica entre los colombianos, además de los acompañamientos necesarios a los procesos de paz que se adelanten”, tal como lo consigna el primer considerando de la Resolución No. 44.
Indulto y amnistía
En tanto que ayer el alto comisionado de la ONU en Colombia, Todd Howland, advirtió que no se puede indultar ni amnistiar los delitos de lesa humanidad. El pronunciamiento se dio después de que el fin de semana alias Andrés París, uno de los voceros de las Farc para el diálogo, señaló que pedirán indulto y amnistía.
“Yo creo que desde el punto de vista de derechos humanos, no se puede tener una amnistía, no puede tener un indulto, pero también hay varios mecanismos de justicia transicional fuera de la sanción penal, pero son muy importantes primeramente para no tener la posibilidad de repetir estas violaciones”, expresó el funcionario de ONU.
La parlamentaria Robledo coincidió al señalar que “una ley de punto final deja por fuera los delitos de lesa humanidad y eso es imposible. Los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles, no se archivan y deben ser investigados”.
En tanto que ayer la ministra de Justicia, Ruth Correa, advirtió que en manos del presidente Santos está la suspensión de la orden de captura a los negociadores de las Farc con miras a los diálogos de paz.
Hasta el momento las Farc solo han hecho público el nombre de dos de sus negociadores: Iván Márquez e Iván Santrich; aunque también propuso la presencia de alias Simón Trinidad en la mesa de negociaciones, sin embargo el presidente Santos advirtió que eso depende de la justicia de Estados Unidos, que lo condenó a 60 años de prisión por el secuestro de tres indigenistas norteamericanos, que luego fueron asesinados por las Farc.