Algunos consideran que el referendo tiene las horas contadas.

PARA DISCUTIR sobre el proyecto de ley número 260 de 2011 Cámara – 206 de 2010 Senado, “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional” acerca de la prisión perpetua a violadores de niños, la representante Adriana Franco, del Partido Liberal, presidenta de la Comisión Primera de la Cámara, convocó para este jueves una audiencia pública.

Los ponentes de la iniciativa son Alfonso Prada, del Partido Verde, que coordina el grupo, Germán Navas, del Polo Democrático; Humphrey Roa, del Partido Conservador; Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal; Rosmery Martínez, de Cambio Radical; Fernando de la Peña, del Partido de integración Nacional (PIN); José Rodolfo Pérez, de Apertura Liberal;  y Carlos Edward Osorio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

El debate será retomado por el Congreso apenas unos días después de que se registrara la polémica entre la autora del proyecto, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, y la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado, luego de que ese órgano le recomendara al Ejecutivo no seguir respaldando el trámite de la propuesta.

A juicio de la Comisión, la iniciativa podrá cursar su trámite positivamente en la Cámara, pero fracasará en la Corte Constitucional porque es inadmisible dentro del derecho colombiano, posición compartida por varios congresistas, incluso dentro del Partido Verde.

En un informe de 38 páginas, la Comisión expone la improcedencia del referendo y de la aplicación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico-penal del país; uno de los argumentos ya se ha escuchado en los pasillos del Capitolio Nacional desde que se presentó la iniciativa por primera vez y se trata de lo que los expertos han denominado “populismo o demagogia punitiva”.

Para la Comisión, se corren riesgos cuando se legisla emocionalmente y “estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal”.

En respuesta, la senadora Jiménez aseguró que la lucha por la defensa de los derechos de los niños tiene muchos más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan como los correctos y calificó como sospechoso el hecho de que justo antes de iniciar el trámite en la Cámara se conozca el concepto.

En carta dirigida a Iván González, presidente de la Comisión, la senadora Jiménez explicó que fue por no existir “un grupo poblacional al que le violen más sus derechos que a los niños” que “miles de colombianos decidimos hace más de 4 años hacer uso de un derecho de participación consagrado en la misma Constitución, para iniciar el comienzo del fin de la pesadilla al permitir esa violencia contra el capital humano y social más importante de cualquier sociedad que pretenda ser viable, sostenible y moralmente correcta”.

“Debo señalar que no es serio, ni riguroso, que un grupo de funcionarios y asesores de tan alto nivel jurídico, se reúnan a analizar un referendo de iniciativa popular y no hayan convocado a quien de acuerdo con la ley ejerce la función de vocera del mismo”, escribió Jiménez, que calificó los conceptos de los juristas integrantes de la Comisión como “una serie de inexactitudes y ligerezas en sus análisis, algunas de ellas irrespetuosas y en otras abrogándose funciones de instituciones que sí tienen responsabilidades directas en el trámite de los referendos”.

La misma semana pasada, consultado por los periodistas, el vicepresidente Angelino Garzón dijo que si hay reparos en el Gobierno con respecto al referendo, se discutirán al interior de éste y que respeta la decisión que tome el Congreso: “Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por eso el Estado en su conjunto no puede andar con contemplaciones y debe tratarlos como delitos de lesa humanidad”. Contrario a la opinión de los expertos que hablan, como ya se mencionó, de “populismo o demagogia punitiva”, Garzón es partidario de endurecer las penas, porque “los menores de edad no tienen la posibilidad de realizar protestas sociales, marchas o conformar sindicatos”.

Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, hace un par de semanas Jiménez sostuvo un debate similar con la jerarquía católica, a propósito de unas declaraciones del obispo auxiliar de Bucaramanga, Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), para quien las concedas a los violadores y asesinos de niños deben ser graduales hasta llegar a considerar si es necesario tenerlos encerrados, de por vida, en una cárcel: “Más que una cadena perpetua en una cárcel, tienen que ir primero a un centro psiquiátrico de por vida si es necesario o mientras el tratamiento así lo diga; la cadena perpetua iría más en el sentido de ir a centros de reclusión psiquiátrica hasta que sea necesario”.

“De acuerdo al delito tiene que haber penas graduales en centros psiquiátricos, hasta llegar a la pena perpetua si ya son delitos infinitamente graves, consumados con muchas personas, replicados varias veces y con asesinatos de por medio”, agregó el prelado.

Por supuesto, además del aspecto universal de una medida de este tipo, Córdoba consideró que en ella pueden estar involucrados los sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual a niños.

Días antes se había pronunciado sobre el tema el arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, presidente de la CEC.

Salazar afirmó que a lo largo de estos años “hemos prestado especial atención a la angustiosa realidad producida por desórdenes de los clérigos en el campo del abuso de menores y otros atentados contra la consagración total”.

“La Conferencia ha seguido atentamente los casos de procesos penales que se han iniciado en algunas diócesis contra sacerdotes y ha prestado el apoyo y la asesoría necesarios. Seguimos muy atentos a todo lo relacionado con esta realidad que tanto dolor ha producido a la Iglesia”, aseguró.

Como se recordará, recientemente el papa Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) instruyó a la jerarquía católica a poner estos casos en conocimiento de la justicia penal.