En los escasos días transcurridos este año 2015 hemos tenido noticias de un alto incremento en hechos de violencia que superan ampliamente las estadísticas en el mismo periodo del año anterior. Es una situación que se reporta desde distintos lugares del país y que afecta principalmente a sectores y personas cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática ante la generalizada indiferencia de la sociedad colombiana y la incapacidad institucional para administrar una justicia pronta.

Estas cifras oficiales indican que este año han sido asesinados 88 niños, en promedio dos cada día, que persisten las muertes de niños indígenas por hambre, sed y por desatención sanitaria, como en los casos de Chocó, Buenaventura o La Guajira. La ejecución reciente de los cuatro menores en el Caquetá y de otro menor en Tuluá nos indigna.

El Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, que revisó la situación de la infancia en el país en enero pasado, afirma que muchos niños son víctimas de asesinatos y desapariciones y señala como causas de estos actos violentos, el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción, las drogas, la pobreza y la marginación. Asegura también que continúa el reclutamiento infantil en Colombia y que muchos de estos niños son perseguidos como criminales y no protegidos como víctimas.

Amenazas contra la vida de 38 defensores de Derechos Humanos, líderes vinculados a procesos de restitución de tierras en el Caribe e integrantes del Frente Amplio por la Paz, se suman a la desaparición y muerte violenta de Carlos Pedraza, destacado líder social del centro oriente del país.

En el norte del Cauca cinco indígenas han sido asesinados en los últimos tres meses, entre ellos tres integrantes de la Guardia Indígena que cumplían con sus funciones de control territorial, y el día de ayer aparecieron los cuerpos con impactos de bala, de dos comuneros del resguardo de Tóez, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes anterior. Persisten las amenazas mediante panfletos contra líderes indígenas y de comunidades negras del norte del Cauca, por las acciones adelantadas frente a la minería ilegal. Igualmente en el sur del país el Pueblo Awá sigue siendo vulnerado en sus derechos con el asesinato de comuneros, el reclutamiento forzado y las amenazas contra sus autoridades y líderes.

Nos preocupa mucho que esta escalada de violencia se profundice en la etapa pre-electoral que vivimos, como un medio para atemorizar a las fuerzas políticas que nos oponemos a la presencia de los actores violentos en nuestras regiones, que denunciamos la permanencia en el poder de grupos de interés violentos en nuestras localidades, y que exigimos avanzar en el proceso de paz como un paso en el camino de la reconciliación nacional.

El Estado y sus instituciones tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, y de llevar a los responsables ante la justicia. La impunidad promueve la repetición de los crímenes y favorece un clima de terror y miedo que impide ejercer nuestros derechos.

Pensamos que los distintos sectores de nuestra sociedad también tenemos responsabilidad y debemos romper el silencio y la indiferencia que parecen reinar ante estos hechos de horror. En especial desde el congreso de la república llamo a que establezcamos un mecanismo ágil que nos permita cumplir con nuestra labor promoviendo una Justicia pronta para los colombianos, en especial para sus niños vulnerados, una justicia que actúe con celeridad para prevenir y castigar los delitos contra esa otra Colombia que no conoce la prosperidad y que aún está muy lejos de vivir en condiciones de equidad.