Los reparos que un grupo de expertos planteó acerca de la reforma constitucional que sobre fuero militar cursa en el Congreso, serán estudiados a la luz del estado en que se encuentre el proyecto, le precisó a EL NUEVO SIGLO  el senador antioqueño Juan Carlos Vélez.

El congresista del Partido Social de Unidad Nacional (La U), uno de los ponentes de la iniciativa gubernamental, declaró que “primero yo voy a esperar en qué términos llega el proyecto a la Comisión” Primera del Senado a donde debe llegar esta semana para su séptimo y penúltimo debate.

Once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas le pidieron al al Gobierno y al Congreso que reconsideren la propuesta considerando que tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.

“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía”, indicaron los titulares de mandatos de ONU en una carta abierta hecha pública ayer.

“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales. No obstante, expresaron su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.

Se incluye una larga lista de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra; la violencia sexual; las ejecuciones extrajudiciales; el reclutamiento y uso de menores; la detención arbitraria; la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar, prohibidas en virtud del artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. También podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.

“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos”, dijeron los expertos. “Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si  los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio”.

Los expertos de Naciones Unidas avisaron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad. También consideraron que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecer del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.

“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo”, estimaron.

Los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.

Los firmantes

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias.

El proyecto

Se trata del proyecto de acto legislativo número 192 de 2012 Cámara – 16 de 2012 Senado, “por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, es decir, la reforma a la Justicia Penal Militar, radicado por el Gobierno el 16 de marzo y que, en tiempo récord, ya está a solo dos debates de culminar su trámite, tras ser aprobado por la plenaria de la Cámara el 16 de octubre.