Mientras algunos sectores defienden su eventual funcionamiento, dada la complejidad del referendo, otros lo consideran atípico e innecesario, pues ya existe Marco para la Paz

La puerta que el presidente Santos abrió a la posibilidad de que se pueda, eventualmente, convocar una especie de “congresito” para aterrizar normativamente algunos de los puntos que hagan parte del acuerdo de paz definitivo con las Farc, prendió la polémica entre muchos expertos.

Hay varias preguntas que centran el debate. La más importante ¿Cuál sería el rol de ese “congresito”? Son distintas las hipótesis al respecto, alimentadas por el hecho mismo de que el Jefe de Estado se abstuvo de profundizar sobre el tema en la entrevista dada a la revistaSemana.

Para algunos analistas, ese “congresito” es, en realidad, una alternativa viable y tranquila desde el punto de vista institucional para evitar la convocatoria de una constituyente, opción en la que insisten las Farc para constitucionalizar todas las reformas derivadas de un acuerdo de paz, pero a la que el Gobierno se ha opuesto reiteradamente.

Una segunda hipótesis plantea que crear un “congresito” es no sólo atípico, pues esta figura extraordinaria sólo funcionó a finales de 1991, precisamente porque al Congreso elegido popularmente la Asamblea Constituyente le había revocado el mandato (y por lo tanto había ausencia del poder Legislativo, algo que no ocurre en estos momentos), sino porque llámese “congresito” o se le dé cualquier otro nombre, su creación y funcionamiento no están contemplados en el ordenamiento constitucional vigente.

En ese orden de ideas, si lo que se quiere con el “congresito” es acelerar la implementación de los acuerdos, acudir a esta vía podría ser más demorado pues tendría, primero, que aplicarse una reforma constitucional para crear esa figura, lo que implicaría invertir no menos de un año en el Congreso e igual periodo si se impulsara por la vía de un referendo aprobatorio; luego vendría el no menos complicado proceso de integración de esa institución legislativa extraordinaria, lo que sería muy álgido pues el propio Santos admite que tendría presencia de las Farc, algo que la opinión pública no parece estar dispuesta a aceptar fácilmente; y, por último, no se ve claro que el Congreso le dé vía libre a un órgano que le quitaría competencia en un tema tan delicado como el de la paz.

Además, se supone que, precisamente, fue el mismo Parlamento (que tiene origen en el mandato popular legítimo y directo) el que conjuró la necesidad de acudir a mecanismos legislativos excepcionales, cuando aprobó el Marco Legal para la Paz, una norma, avalada ya por la Corte Constitucional, que no sólo le dio al Gobierno las herramientas para adelantar el diálogo y la negociación, sino también para normativizar todo lo que se derive de un eventual acuerdo, a través del trámite de las leyes estatutarias respectivas.

La otra orilla

Sin embargo, hay quienes defienden la necesidad de acudir al “congresito” bajo la tesis de que es extremadamente difícil poner en marcha otros mecanismos de refrendación popular para darle vía libre a un eventual acuerdo de paz con las Farc y luego acelerar la implementación de las reformas pactadas.

Está claro que siempre se ha mencionado al referendo como el mecanismo de refrendación popular más óptimo para que la ciudadanía avale o niegue un eventual acuerdo de paz definitivo con las Farc. Es más, por mucho tiempo se pensó que era el único contemplado por el Gobierno (mientras las Farc exigen la constituyente), pero a medida que el proceso fue avanzando empezó a perder terreno esta opción, pese a contar con el plus de que, una vez aprobado en las urnas,  es obligatorio y automático aplicar las reformas.

¿Por qué ha perdido terreno? Hay cuatro razones básicas. Primero, se necesita que en la cita en las urnas participe el 25% del censo electoral, es decir que deberían votarlo no menos de 8,3 millones de ciudadanos, un piso mínimo nada fácil de alcanzar. En segundo lugar, si logra ese umbral mínimo, para ser aprobada cada pregunta que haga parte del referendo se requiere la votación positiva de la mitad más uno de los sufragantes, es decir no menos de 4,2 millones de votantes por el Sí, algo muy difícil dado que las Farc son 99,9% impopulares y las encuestas evidencian una alta oposición ciudadana a darles gabelas políticas o jurídicas.

En tercer lugar, siendo tan complejos los temas de la agenda de negociación y existiendo la necesidad de ser muy precisos y puntuales en las reformas que deben aprobarse en materia agraria, jurídica, política, antidrogas y de víctimas, un referendo detallado sobre el acuerdo de paz definitivo tendría muchas preguntas, incluso no menos de 40 o 50. Un cuestionario de semejante extensión y detalle normativo, haría muy difícil su comprensión ciudadana y, por ende, complicaría su votación.

Por último, convocar un referendo puede tardar, en el mejor de los casos, entre seis, nueve meses y hasta un año, mediando el paso por el Congreso y el posterior operativo electoral, un tiempo muy largo para aterrizar un acuerdo de paz. Y aun así, existe el riesgo de que muchos de los temas refrendados, incluso si son aprobados, tendrían que tener desarrollo legal posterior, es decir leyes (ordinarias o estatutarias), lo que remitiría todo, de nuevo, al Marco Legal para la Paz.

En ese orden de ideas, algunos analistas consideran que si el Gobierno, una vez tenga un acuerdo de paz firmado con las Farc, decide acudir a un referendo, plebiscito o consulta popular para que la ciudadanía lo autorice única y exclusivamente a convocar, mediante acto legislativo, la conformación de un “congresito” encargado de ordenar las reformas, entonces le ahorraría a los colombianos la dificultad de entrar a desencriptar complejos y extensos cuestionarios de un referendo puntual sobre cada aspecto, grande o pequeño, que se pacte con la guerrilla, con el riesgo de que algunas preguntas sean negadas por difíciles de comprender o no alcanzar el umbral mínimo.

En otras palabras, si las mayorías dan vía libre a la opción del acto legislativo y el “congresito”, se entendería que hay un espaldarazo popular directo a la totalidad del acuerdo con La Habana y lo que restaría es implementarlo sin más demoras.