Entre los ‘damnificados’ porque el Gobierno no ha hecho el incremento de los salarios de los servidores estatales para este año están los 268 congresistas. Las negociaciones entre el Ejecutivo y los trabajadores oficiales alrededor del pliego de peticiones que hace meses presentaron  están suspendidas. No obstante cuando se logre el acuerdo es previsible que el aumento no sea inferior al 7,5%, con lo cual los parlamentarios pasarían a recibir más de $30 millones mensuales.

En desarrollo de las competencias asignadas en la Constitución y en la Ley Marco de Salarios (Ley 4ª de 1992), el Gobierno nacional debe aumentar anualmente las remuneraciones de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico, así como de los empleados del Congreso Nacional, de la Rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República, los Congresistas y los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo el Gobierno nacional está a la espera de resolver la negociación del pliego de peticiones que le presentaron los trabajadores oficiales para, a renglón seguido, expedir el decreto con el incremento de los salarios del presidente de la República, vicepresidente, ministros, procurador, contralor, congresistas y por supuesto los demás servidores estatales.

Por el momento están vigentes los salarios fijados para todos los servidores públicos, incluidos los senadores y representantes a la Cámara, en los decretos expedidos en los meses de enero y febrero de 2016.

En 2015 y el año pasado, según lo acordado con las centrales y federaciones sindicales, el incremento de los salarios fue de 7,77% para lo cual se tuvieron en cuenta variables tales como el índice de costo de vida, la productividad laboral del sector público, la situación fiscal del país y se pactó que el incremento correspondería a la inflación causada más un punto.

El incremento anual se debe hacer de manera igualitaria a todos los servidores públicos cumpliendo las directrices impartidas por la Corte Constitucional que señaló que todos los salarios deben ajustarse mínimo por la inflación causada que será anunciada por el DANE el próximo 5 de enero. 

Pasado incremento 

El incremento del salario de los senadores y representantes a la Cámara que decretó el Gobierno el año anterior fue del 7,77%.

El ajuste se estableció de acuerdo con el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de la administración central nacional certificado por la Contraloría General de la República.

"A partir del 10 de enero de 2016 la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en siete punto setenta y siete por ciento (7,77 por ciento)", señala la normatividad.

‎Hay que recordar que para el caso de los colombianos que ganan el salario mínimo el reajuste en ese año  fue del 7%.
Como consecuencia, la actual asignación mensual de los parlamentarios es de 27.929.064 pesos, con un factor prestacional aproximado de un 60% adicional.  

Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional decretó para el presente año un incremento del salario mínimo del 7%, luego de que los industriales y trabajadores no se lograran poner de acuerdo en la mesa de concertación, es previsible que el aumento en la asignación de los servidores públicos esté entre el 7,5% y 8%.

Si el Gobierno decretara un incremento de los salarios de los servidores estatales para este año en un 7,5%, los congresistas pasarán a devengar mensualmente $30.003.743, cifra que debe hacerse retroactiva a enero de este año. 

En varias oportunidades se ha planteado reducir la asignación salarial de los congresistas, considerando el alto impacto para las finanzas públicas y el mal sabor que deja los altos sueldos en comparación con lo que gana la mayoría de los colombianos.

Incluso en el segundo semestre del año pasado fueron radicados dos proyectos de ley que adelgazaba el sueldo de los congresistas. Una de estas iniciativas, impulsada por la senadora Claudia López, fue archivada.

La propuesta consistía en bajar la mesada que reciben los legisladores "de 40 salarios mínimos a 25".