Mientras que casi el 60% de los legisladores estaba de acuerdo con listas cerradas

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El 87% de los congresistas comparte la financiación 100% estatal de las campañas, como inicialmente se había planteado en la reforma política, que hace unas semanas fue hundida por solicitud del Gobierno, pues no se contaba con los consensos necesarios para sacarla adelante por la vía del fast track. Así lo revela una encuesta de opinión de la Misión de Observación Electoral (MOE), que muestra las diferencias entre lo que piensan en privado y lo que finalmente votan los parlamentarios.

Este estudio se realizó entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de 2017, periodo que coincidió con la visita del papa Francisco a Colombia y el comienzo no oficial del debate electoral de 2018.

Con respecto a la discusión de la reforma política, el estudio presentado por la MOE encontró que había temas en los que existía un acuerdo mayoritario de los congresistas, en orden estos temas eran: la financiación totalmente pública de las campañas electorales (87%), las listas cerradas para Senado y Cámara (57%), las listas cerradas para Asambleas y Concejos (55%), y limitar a un número determinado de períodos la posibilidad de reelección de miembros del Congreso (58%).

Un tema de alto consenso que no estaba en esta reforma fue el de la creación de un órgano electoral judicial especializado en investigar y juzgar altos dignatarios (83%).

Finalmente, una reforma al Código Electoral vigente, con 71% es el tema que más genera consensos dentro del Congreso según las respuestas de los congresistas encuestados.

Para Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “a pesar de que estos puntos tienen un acuerdo mayoritario de los miembros del Congreso, en el texto debatido en plenaria de Senado ya no estaban. Es real decir que la reforma hundida el 29 de noviembre por el Senado de la República estaba lejos de cumplir sus objetivos principales de modernizar el sistema de partidos y transparentar el sistema electoral”.

Por otra parte, este estudio permitió ver en qué temas no hay consenso y que pueden seguir generando un debate ideológico en futuras propuestas de reforma política: hacer obligatorio el voto de manera temporal o permanente; limitar la posibilidad de reelección de miembros de corporaciones públicas de elección popular; la conformación de movimientos políticos a través del registro de un número significativo de afiliados; la inclusión de listas cremallera; la eliminación de la figura de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales y que la Procuraduría afecte derechos políticos a través de sanciones disciplinarias.

Una de las propuestas centrales de la reforma era la modificación del actual Consejo Nacional Electoral. Se les preguntó a los encuestados qué creían que se debía crear en caso de ser reestructurado este órgano: el 36% prefiere un solo órgano electoral que asuma las funciones de la Registraduría y el CNE.

Las otras opciones presentes en las respuestas de los congresistas fueron un órgano con funciones administrativas y jurisdiccionales 24%, una corte electoral en la Rama Judicial 19%; no estar de acuerdo con la reestructuración del CNE 15%.

Otros resultados

De acuerdo con los datos obtenidos, la corrupción es el problema político más importante para los congresistas con un 35%, seguido por la politización de la justicia y de los organismos de control con 19% y desequilibrio en las ramas del poder público con 11%.

Los problemas políticos que siguen son abstención electoral, 7%; incertidumbre en la implementación del proceso de paz, 7%; financiación de campañas, 6%; violación de derechos humanos y asesinatos de líderes políticos, 4%; falta de representación regional en el Congreso, 2%; relación de política con grupos armados ilegales, 3%; ausencia de mujeres en la política, 2%; seguridad en el ejercicio de la política, 2%; representatividad y participación de minorías políticas 2%.

En el desarrollo de la encuesta se preguntó por el nivel de acuerdo o desacuerdo con la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz que se discutían por esos días a través del proceso del fast track en el Congreso de la República. El porcentaje que estaba de acuerdo fue del 50.3%.

“La polarización manifiesta frente al tema explica la polémica con la aprobación de este proyecto de ley que daba vida a las 16 Circunscripciones de Paz y el debate jurídico sobre su aprobación o no. Se evidenció que mientras en la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto tenía un apoyo apenas mayoritario con el 51.9%, el del Senado solo fue de 47.2%”, explica la MOE.