La sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años al exministro Fernando Londoño que le impuso la Procuraduría fue confirmada por el Consejo de Estado.

Los hechos hacen referencia a las declaraciones que Londoño hizo en un foro universitario en Medellín, en noviembre de 2002, donde profirió expresiones injuriosas respecto del juez de Tunja, Pedro Suárez, que les concedió la libertad a los extraditados, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, aunque su actuación cumplió los requisitos legales correspondientes.

La decisión de libertad proferida por el juez Suárez fue confirmada por el Tribunal Superior de Tunja, el cual respaldó su actuación al considerar que estuvo enmarcada dentro de la ley.

Al demostrarse que el juez actuó de manera correcta, la Procuraduría inicia una investigación disciplinaria en contra del exministro por omitir la denuncia de la presunta conducta delictiva de Suárez y lanzar juicios de valor sin los medios de prueba que respaldaran sus declaraciones, la cual culminó en la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad. Londoño demandó ante el Consejo de Estado la legalidad de la decisión.

La Sala Plena, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas, estudió el caso y negó las pretensiones del exministro al estimar que la Procuraduría era competente para juzgarlo y que la actuación del ente de control se ajustó en todo a la legalidad.

El Alto Tribunal señaló que la libertad de expresión del exfuncionario, como Ministro de Estado, en un foro académico, implica que estaba obligado a respetar el buen nombre y honra de un juez de la República.