En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión del cargo de alcalde municipal de San José de Cúcuta, Norte de Santander, para la época de los hechos, a Ramiro Suárez Corzo por el término de 3 meses, por llevar a cabo de manera irregular licitación pública por medio de la cual se dio en venta un inmueble de propiedad del municipio.

Al disciplinable, quien fungió como mandatario local entre los años 2004 y 2007, se le reprocha haber llevado a cabo la licitación pública 003 de 2007, por la cual fue dado en venta a unos particulares un lote de terreno de 584 metros cuadrados, junto con las mejoras sobre él construidas, extralimitándose en las facultades que le habían sido otorgadas mediante acuerdo municipal de diciembre de 2006, donde se le autorizó para enajenar bienes del municipio hasta por 20 millones de pesos siempre y cuando que los mismos no se encontraran destinados a la prestación de servicio público alguno, ni se requirieran para satisfacer servicios bajo la responsabilidad del ente territorial.

No obstante, dicho inmueble fue vendido mediante licitación pública a la señora Ana Lucía Reyes Quintero y otros por la suma de 577 millones de pesos, y además, era un bien en el que se prestaba el servicio público de educación para funcionar en este lote la sede C del Colegio Nacional de Comercio.

Al exmandatario se le atribuyeron como normas jurídicas infringidas con la conducta señalada los artículos 44, 64 y 67 de la Constitución Política, la Ley 80 del 93 y el artículo 26 de la Ley 724 de 2002, que es el Código Disciplinario Único. La falta se califica como gravísima a título de culpa grave.