La muerte de José García Orozco se dio el 26 de noviembre de 1992 en Villavicencio. El Consejo de Estado consideró que le fue retirado su esquema de seguridad a pesar de las amenazas en su contra.

De “inexplicable” calificó el alto tribunal la decisión del Ministerio de Defensa y de la Policía de retirarle la seguridad al político no obstante las reiteradas amenazas que recibía en contra de su persona en el departamento del Meta.

No se puede acusar directamente al Mindefensa por el homicidio de José García Orozco, pero esta cartera sí es culpable de la omisión de las medidas de protección y seguridad que tenía que ofrecerle al político por tratarse de un amenazado por grupos armados ilegales.

“Enfrentaba una situación especial de riesgo y que, por tal motivo, requería que se adoptaran medidas especiales para proteger su vida y su integridad personal”, dice el texto de la decisión judicial.