La posibilidad de que a mediados de enero las Farc liberen a cinco militares y policías secuestrados, abre varios interrogantes sobre sus implicaciones.

De un lado es claro que la guerrilla, ahora bajo el comando de alias Timochenko, sintió la dura condena nacional e internacional que recibió por cuenta del asesinato atroz y a sangre fría semanas atrás de cuatro de los uniformados plagiados para evitar que pudieran ser rescatados por tropas del Ejército en zona rural de Solano, en Caquetá.

Aunque las Farc trataron de culpar al Gobierno por lo sucedido, sus tesis no tuvieron el menor eco o credibilidad e incluso unas declaraciones ambiguas de la ex senadora Piedad Córdoba, tratando de señalar que no se sabía quién tenía la culpa de los asesinatos, no hicieron más que aumentar el nivel de las críticas y descalificaciones a la subversión.

La forma en que Timochenko ha venido reaccionando a hechos como la marcha convocada el 6 de diciembre para protestar por los asesinatos de los plagiados, así como la insistencia de las Farc en que se pueda abrir eventualmente una ventana para un diálogo preliminar de paz, hacen ver a las claras que la guerrilla quiere recuperar escenario político de forma urgente y sabe que sólo podrían hacerlo utilizando, de nuevo, por más desgastada que esté esa herramienta, la vía de las liberaciones unilaterales de secuestrados.

Restricciones

Los analistas consideran que si las Farc quieren tener algún tipo de interlocución con el Gobierno deben devolver a los uniformados plagiados. El presidente Santos ha sido enfático y reiterativo en que esa es una condición insalvable. Como también lo ha sido sobre que no dará ninguna autorización a sectores de la sociedad civil ni instancias o personalidades nacionales e internacionales para que contacten a la guerrilla e indaguen sobre una eventual disposición al diálogo preliminar.

La subversión tiene que saber que la opinión pública no entendería fácilmente que un gobierno presidido por Santos, que como Jefe de Estado o ministro de Defensa ha dado los más duros golpes a la cúpula subversiva, incluso abatiendo al último de sus cabecillas históricos, aliasAlfonso Cano, entre a dialogar sin condición alguna con las Farc, que además de estar más desprestigiadas que nunca, arrastran el lastre de ser vistas ya como una facción ilegal debilitada tanto en lo militar como en lo político.

En ese orden de ideas, parece muy lógico que las Farc buscan con la posible liberación de seis de los uniformados secuestrados a mediados o finales de enero, ‘autohabilitarse’ para ser tenidas en cuenta por el Gobierno como posibles interlocutoras en una conversación preliminar.

Sin embargo, para ello deberán superar difíciles retos. Por ejemplo, que la Casa de Nariño será muy cautelosa y restrictiva en materia de operativo humanitario para recibir a los cautivos. No permitirá que las Farc monten un ‘show’ mediático-político. Es más, en altas fuentes oficiales se especula que Santos trataría directamente con voceros del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, con el fin de restarle protagonismo y vocería a la ex senadora Córdoba. Igualmente se afirma que podría optar por pedirle a la Iglesia Católica liderar todo el proceso humanitario y limitar lo más posible la participación de entidades o gobiernos y delegados extranjeros, a excepción, obvio, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Por ahora, sólo queda esperar que la guerrilla ‘oficialice’ si está dispuesta a liberar a los uniformados y que el Gobierno fije sus condiciones. Antes de ello, todo es especulación.