El consejode Estado condenó a la Nación al pago de más de 8.862 millones de pesos por los perjuicios causados al Fondo Ganadero del Meta durante la vigencia de la zona de distensión ordenada por el Gobierno como parte del fallido proceso de paz con las Farc a finales de los 90.

La demanda fue interpuesta por el robo de 6.609 cabezas de ganado vacuno de propiedad del Fondo en los municipios de Mesetas, Vistahermosa y Uribe, Meta, entre octubre de 1998 y marzo de 1999.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo, explicó que se configuró una evidente falla en el servicio por parte del Gobierno nacional al haber omitido la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las personas que tenían su sitio de residencia y trabajo en los municipios que hacían parte de la zona de distensión, como es el caso del Fondo que no pudo continuar con la ejecución de los contratos de ganado.

“Aun cuando la situación de orden público era grave con anterioridad al anuncio y posterior puesta en marcha de la zona de despeje, la Sala encuentra que la situación se agravó con dicha medida, al punto que el hurto de los semovientes se produjo como consecuencia del actuar de los miembros del grupo armado al margen de la ley amparados fácticamente en las decisiones que adoptó el Gobierno Nacional; no sobra recalcar que el Ejército Nacional, por orden del Gobierno, abandonó los municipios de Mesetas y La Uribe el 1º de noviembre de 1998, es decir poco más de dos meses antes del inicio de la zona de despeje”, indica la sentencia.

La Sala también señala que el Gobierno conocía perfectamente la situación que estaba enfrentando el Fondo Ganadero del Meta, puesto que la sociedad puso en conocimiento de las autoridades el hurto del ganado y solicitó medidas para superar dicha situación. Además, la Fiscalía realizó una investigación en la que se evidenciaban los atropellos a los que se encontraban sometidos los ganaderos y agricultores de la zona.