A 8 años y 5 meses de prisión fueron condenadas las hermanas Luz Mary,  María Teresa, Sara Paula y  Esther Pinzón López, como coautoras responsables de los delitos de fraude procesal, falso testimonio, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los hechos materia de investigación se relacionan con el cobro de cerca de $3 mil millones y las declaraciones dadas a tribunales internacionales por parte de las procesadas, sobre su  inexistente condición de víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada en  1997, en la cual dijeron haber perdido a una cantidad determinada de familiares a manos de grupos armados ilegales.

Tras estos falsos testimonios, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia de fondo en la que se ordenó además la protección al derecho a la integridad personal, a la vida, y al derecho internacional humanitario, con sus debidas garantías judiciales y procesales.

Por estos mismos delitos fueron recientemente condenados Mariela Contreras, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Cuero, quienes afirmaron mediante un abogado que fueron víctimas de las fallas del Estado por la falta de protección a los labriegos y las carentes medidas preventivas que permitieron la matanza.

Las hermanas Pinzón López deberán ser recluidas en la cárcel el Buen Pastor en Bogotá.

Las hermanas Pinzón aceptaron que le mintieron al Estado y que con su falso testimonio condenaron al general (r) Jaime Uscátegui