A pesar de que la comisión accidental indicará hoy a la plenaria del Concejo de Bogotá que es viable realizar la consulta antitaurina, las diferentes bancadas se abstendrán o votaran negativa debido a que podrían incurrir en el delito de fraude a decisión judicial.

A esta conclusión se llega después del foro que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá donde intervinieron tanto detractores de acabar las corridas de toros y novilladas como los grupos defensores de los animales.

Uno de los factores que no dejará realizar la consulta antitaurina solicitado por la administración distrital es porque existe una orden judicial de la honorable Corte Constitucional que ordenó mediante sentencia 269 de 2013 volver con las corridas: “Ordenar a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión".

Entonces, si los concejales de Bogotá avalan la propuesta del alcalde Gustavo Petro podrían caer en la conducta punible de fraude a resolución judicial que da entre uno a cuatro años de cárcel y multa entre cinco a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la hipótesis que el Concejo abordara la consulta y emitiera concepto positivo, supuestamente tendría vicios de nulidad y tendría que llegar al Tribunal Administrativo de Bogotá para su revisión para analizar vicios jurídicos. Mientras surten esos trámites podrían pasar dos o tres años.

Otro de los problemas que tiene la consulta es por los pronunciamientos públicos a favor hechos por el coordinador de la comisión nombrada por el concejal Yesid García, de la Alianza Verde, a los medios de comunicación porque podría configurar una nulidad a la comisión que debió ser debió aplicar la imparcialidad.

Para el concejal Javier Palacio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), García se debe declarar impedido para participar en una comisión si antes de rendir informe dio su opinión a favor de la consulta en medios abiertos de comunicación. “La encontramos fundamentada en el nuevo Código Contencioso Administrativo. La ley 1437 de 2011 art 11 numeral 11 el cual reza: Artículo  11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración”.

En el último debate sobre la consulta, García y Palacio tuvieron un fuerte debate donde el primero lo tildó de colocarle palos a la rueda, mientras el segundo dijo que si el Concejo vota el concepto de la consulta se estaría configurando un delito.

“Pido a la plenaria y a la mesa directiva que con el fin de conseguir un correcto funcionamiento del Concejo de Bogotá y evitar posible conflictos de intereses, demandas  y para no caer en  faltas disciplinarias por parte de nosotros, se revoque la comisión nombrada y se nombre una nueva donde los concejales que la integren, no hayan hecho manifestaciones públicas ni a favor ni en contra de la consulta, para que tenga toda la ecuanimidad y la transparencia posible frente al concepto que se emita para estudio de esta plenaria”, señala el documento que radicará Palacio en la plenaria.

Seguramente y en plena campaña política, la plenaria del Concejo de Bogotá no apoyará la consulta antitaurina para evitar que sean acusados de fraude a decisión judicial.