La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Acipet, radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela en contra del aval que dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la consulta popular que fue convocada en el municipio de Arbeláez en esta sección del país.

Así lo informó la agremiación, que señaló que “la ola de consultas populares en contra de los hidrocarburos en varios municipios del país surge del desconocimiento de las bondades de la industria y de cómo es posible desarrollar la misma en forma sostenible”.

Para el gremio, estas consultas populares, fundadas en el derecho de los municipios a decidir la organización de sus territorios, se inspiran en la creencia de que las afectaciones al medio ambiente por la explotación de hidrocarburos y minerales son inevitables, y frente a esta insuperable realidad, nada más sensato que la suspensión y hasta la prohibición definitiva de la actividad.

Explica Acipet que el medio ambiente constituye un derecho fundamental.

Este concepto, nacido en la Revolución francesa, representa un conjunto de garantías imprescriptibles, intransferibles y universales que reconocen a todas las personas y al que se llegó después de luchas sociales, costosas en vidas humanas a través de la historia.

El derecho al medio ambiente sano, se sitúa entonces junto con el derecho al voto a ser reconocidos como personas y ciudadanos, vida y honra, vida y salud, a recibir un trato igual a la propiedad privada, libertad de empresa, progresividad en el disfrute de los derechos, entre otros, y a que todos estos derechos pueden protegerse mediante reglas limpias que brinden oportunidad de controversia y defensa en cada caso.

Oportunidad elevada a la categoría de derecho fundamental denominado “debido proceso” y cuyos principales componentes son el “derecho a presentar oposición y defensa y el derecho a un procedimiento óptimo para cada juicio” y hacer de éste equilibrado y justo. Todos estos derechos, hoy recogidos en la gran mayoría de las constituciones de los Estados, son inalienables, imprescriptibles e inderogables, tanto a nivel formal como sustancial y constituyen grandes verdades inobjetables e inamovibles que las sociedades han aceptado de manera pacífica.

Por tanto, el gremio invitó al Alcalde de la población cundinamarquesa, “y a todos los demás alcaldes del país -hoy decididos a desterrar la industria de los hidrocarburos y la minería y sus respectivas jurisdicciones-, a tener una conversación amigable y objetiva sobre las ventajas en materia de empleo para la región, oportunidades de capacitación de sus gentes en una industria de desarrollo y competitividad de talla mundial”.

Explica además Acipet que “los contratos para exploración y producción de hidrocarburos son suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mientras que los contratos de minería los suscribe la Agencia Nacional de Minería (ANM). Ambas entidades del Gobierno Central especializadas en sus respectivos campos”, manifestó.

El gremio señaló que solo hace falta entonces, que el Gobierno nacional presente ante el Congreso el proyecto de ley ya anunciado sobre las consultas medioambientales y sociales para proyectos de hidrocarburos y minería.

Se espera que esta Ley, de nuevo restablezca el escenario de cordura y materialice la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones petroleras que nos ayuden a superar la pérdida inminente de autoabastecimiento.

Consulta

Según explicó en su momento Jorge Alberto Godoy Lozano, alcalde del municipio y promotor de la consulta, “parte de la comunidad busca mostrar con esta iniciativa su descontento frente al hecho de que existan dos proyectos de exploración de hidrocarburos cuya intención es iniciar actividad en el territorio: el bloque Cor 4 y el bloque Cor 33”.

En el caso del bloque Cor 33, este fue adjudicado a la empresa Alange Energy, y tiene una alcance en ciudades y regiones como Bogotá, Fusagasugá, Pasca, Nilo, Arbeláez, Pandi, San Bernardo y Venecia, en Cundinamarca, y Melgar e Icononzo en Tolima.