En el marco del Diálogo de Gestión, la cartera de Justicia evidenció los logros que ha conseguido en la implementación de la Política de Drogas durante la administración de Juan Manuel Santos. Entre los resultados más fuertes están el diseño de un nuevo enfoque para la política, el impulso de Colombia como líder en la materia, el fortalecimiento de una estrategia regional para la lucha contra las drogas y la agilización de procesos de incautación, extinción y administración de bienes.

El Ministerio de Justicia y del Derecho se ha puesto en la tarea de crear espacios de debate que contribuyan en la generación de soluciones alternativas para la problemática de las drogas. Para esto se creó la Comisión Asesora para la Política de Drogas, que trabaja desde hace un año en el desarrollo de una política eficiente, que tenga un enfoque de salud pública y derechos humanos. De igual forma, se preparan desde ya 10 foros que permitirán una discusión abierta para que la ciudadanía pueda ser partícipe de este espacio de concertación. 

La cartera de Justicia también ha logrado posicionar al país como el líder del debate americano sobre las drogas.  Todo, en la búsqueda de consensos que permitan generar alternativas al tratamiento penal y penitenciario para consumidores y cultivadores. Estos avances han permitido la previsión de un proyecto de ley para la implementación de tribunales de tratamiento de drogas y de un nuevo Estatuto Nacional de Drogas.

El Ministerio de Justicia, además, ha promovido una política regional y de desarrollo rural, basada en el impulso de proyectos productivos en zonas de asentamiento de cultivos ilícitos, con el cual se busca beneficiar a 7.660 familias en 9 departamentos y 34 municipios del país. En total la cartera ha invertido 5.565 millones de pesos en líneas que promueven la producción de cacao, caucho, café, caña, panela, artesanías y arroz, así como el desarrollo de programas de apicultura, avicultura, actividad silvopastoril y turismo, en amplia coordinación y cooperación con la Unidad de Consolidación Territorial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Finalmente, se han podido acelerar los procesos que llevaba la Dirección Nacional de Estupefacientes, hasta el punto que hoy la entidad en liquidación ha depurado el 79,5 por ciento de la totalidad del inventario de bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

De igual forma, se ha podido vender el 27,94 por ciento de la totalidad de activos comerciales por un total 83.763 millones de pesos y se han agilizado procesos de extinción de dominio. A través de la gestión del Consejo Nacional de Estupefacientes, se logró iniciar la entrega de bienes de la mafia para las víctimas del conflicto; hasta el momento se han trasladado 4 predios rurales de 150 hectáreas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y ya fue radicada la solicitud para que a principios de este año puedan ser transferidos otros 5 predios