Un paquete de proyectos de ley radicó el Centro Democrático con el que buscará modificar algunos de los decretos que expidió el presidente Santos para agilizar la implementación de los acuerdos de paz, explicó el senador Jaime Amín. En total fueron cinco proyectos.

El Senador señala que “por el costo político que le ha representado esta legislatura al país, que ha sido ampliamente complaciente con el delito, el Centro Democrático ha decidido presentar, de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, algunos proyectos de ley ordinarios que deroguen y/o modifiquen algunos de los 24 decretos expedidos por el presidente Santos en desarrollo de los acuerdos con las Farc”.

Amín añadió que “hay decretos como el 903 de 2017 que hacen referencia, por ejemplo, a los activos de las Farc. Estamos hablando de una enorme fortuna criminal con la que a nuestro juicio se va hacer el lavado de activos más grande en la historia de Colombia con complicidad del propio Presidente de la República que ha estimulado estas leyes muy permisivas. Ese decreto tiene que ser derogado por el Congreso, para buscar alternativas y que entreguen esos recursos para resarcir a las víctimas,  y en eso vamos a trabajar desde el 20 de julio”.

Indica que “otro es por ejemplo el Decreto 898 de 2017 que tiene que ver con la unidad especial que se pretende crear dentro de la Fiscalía General de la Nación”.

“Con esta unidad, se pretenden perseguir los delitos aparentemente asociados al paramilitarismo o las Bacrim. Sin embargo, este decreto puede tener serias consecuencias para todo aquel que discrepe del proceso de paz con las Farc y podría incluso constituirse en un estímulo para perseguir e investigar a quienes pensamos distinto”, expresó  Amín.

El legislador manifestó que hay otra iniciativa que pretende modificar el Decreto 888 del 29 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.

Señala que con ello “se introducen cambios que específicamente recaen sobre los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto-Ley 888 de 2017. Así se modificaría la denominación de la Unidad Delegada para el Posconflicto por Grupo Especial Funcional para el Posconflicto, con el propósito de que sus funciones puedan ser desempeñadas por parte de funcionarios del más alto nivel pertenecientes a  las Contralorías Delegadas de la estructura de la Contraloría General de la República”.

Esto, con el fin de evitar la creación de nuevos puestos de trabajo, y aumento  de recursos de funcionamiento con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República.

Asimismo, el legislador se refirió de la misma manera a la iniciativa sobre tierras. “Este Proyecto de Ley tiene como objeto derogar el Decreto-Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

Argumenta Amín que “la iniciativa se fundamenta en la extralimitación de facultades del Presidente de la República, otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2016, como quiera que los argumentos que justifican la necesidad de tramitar un tema tan sustancial como lo es el ordenamiento de la propiedad rural, vía Decreto-Ley, no responden a las exigencia que el Tribunal Constitucional ha dispuesto”.

Puntualiza que específicamente solicitan la derogatoria total del Decreto-Ley 902 de 2017, al ir en contravía del “principio democrático que entiende el consenso como único instrumento de producción normativa y legitimidad del poder público, rasgos esenciales y definitorios de la Constitución”.

Señala, además, de desconocer la restricción prevista en el artículo 150, numeral 10 Constitucional, en la medida en que establece un procedimiento especial que sustituye las correspondientes disposiciones contenidas en el Código Civil y Código General del Proceso. Esta iniciativa pretende adicionar un parágrafo al artículo 6 del Decreto 890 del 2017.

El articulado indica que “en caso de que coexistan beneficiarios en un mismo territorio focalizado; tendrán prevalencia para el otorgamiento de los subsidios señalados para las víctimas, pobres extremos y mujer cabeza de familia, frente a los reincorporados a la vida civil”.