Por: Pablo Uribe Ruan

Periodista de EL NUEVO SIGLO

A comienzos de semana un billón de usuarios de WhatsApp se chocó con una inédita imagen.  Al final de sus conversaciones privadas un pequeño aviso de color beige decía: “Las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado”.

 

Este aviso, que muchos seguramente saltaron, es objeto de una apasionante discusión política, constitucional y social en Estados Unidos, donde la empresa de mensajería gratuita tiene su compañía.

 

Durante 18 meses, Open Whisper Systems, una comunidad de voluntarios especializada en desarrolla software de código abierto, creó el cifrado para WhatsApp, con el propósito de que ni siquiera ellos mismos pudieran acceder a las conversaciones de sus usuarios.

 

El cifrado, que estuvo bajo la mirada permanente del FBI,  limita cualquier intervención en las comunicaciones, incluso de los organismos de seguridad, quienes impusieron una orden judicial, pero no llevaron la discusión a una corte federal, como ocurrió con el reciente caso con Apple.

Un mes atrás, Apple, que fue obligado a dar a conocer los datos de sus usuarios por un juez federal de California, tuvo un duro debate con el FBI, que le pedía que desarrollara un software especial que impidiera que el iPhone borre todo su contenido luego de que se ingrese 10 veces una contraseña incorrecta.

 

El líder mundial en tecnología denegó tal solicitud argumentando que no desarrollaría un software que fuera en contra de la privacidad de sus consumidores.

 

Ambas partes, al no llegar a un acuerdo, se dirigieron al Congreso de los Estados Unidos, órgano que tenía la última voz, aún la tiene, frente a este caso en el que se presenta una disputa entre dos derechos constitucionales ampliamente defendidos por la legislación y la jurisprudencia norteamericana: la privacidad y la seguridad nacional.

 

En medio de este espinoso debate, los fundadores de WhatsApp, Ene Koum y Brian Acton, se salieron por la tangente y sorprendieron al mundo con este nuevo sistema de encriptaciones. En un comunicado publicado esta semana sentaron su postura alrededor del tema.

 

“Recientemente ha habido mucha discusión acerca de los servicios codificados y el trabajo de aplicación de la ley. Aunque reconocemos la importante labor de aplicación de la ley en mantener a la gente segura, también somos conscientes de que exponer  la información de las personas es un abuso y eleva el riesgo de ser víctimas de delincuentes cibernéticos, hackers y estados delincuentes”, dijeron Korum y Acton.

 

Debates

Como se ha dicho, Apple es el centro de esta batalla judicial. Cuando la empresa fue citada por el Congreso de Estados Unidos, dijo que violaría derechos constitucionales si le permitía al FBI acceder a la iPhones de sus clientes y sostuvo que un precedente judicial a favor de ese propósito atentaría contra “la seguridad global” de sus dispositivos móviles.

 

Incluso la batalla entre estos dos pesos pesados llevó a un grupo de expertos en criptografía (técnicos en descifrar lenguaje y procedimientos especiales), a anunciar que el FBI podría desbloquear los teléfonos móviles sin la ayuda de Apple.

 

Según los expertos, el FBI tiene un sistema de explotación en Apple que copia los errores para intentar descifrar el código de acceso, además, usa electrones y ondas de radio para obtener la clave, de acuerdo al Washington Post.

 

Si bien es una noticia reciente, los ciudadanos saben que parte importante de los organismos de seguridad nacionales han desarrollado sistemas que interceptan las comunicaciones telefónicas, satelitales y de mensajería. Sin embargo, con la nueva iniciativa de WhatsApp  el derecho a la privacidad vuelve a tomar vuelo, pese a la oleada de ataques terroristas que llevaron a que muchos gobiernos crearan leyes que le permiten a los organismos de seguridad acceder a la privacidad de los ciudadanos de una manera que, para muchos, desborda la legalidad.

 

Antecedentes

El debate en Estados Unidos entre el FBI y sus opositores, Apple y WhatsApp, se ha basado en una polémica ley federal: The All Writs Act (AWA; traducida: ley de todo lo escrito). Promulgada en 1789, este texto ha servido como base legal de aquellos que están a favor del FBI.

 

El FBI, amparado en la ley AWA, dice que todo tribunal federal es competente para ordenarle a cualquier empresa que desarrolle softwares con el fin de ayudar a la seguridad nacional. El ente de investigación además apela a los precedentes judiciales de cortes federales.

 

En 1977, el Tribunal Supremo de Nueva York (TSNY) decidió a favor del FBI y concluyó, pese al reclamo de la Compañía de Teléfonos, que podía instalar un “registro de llamadas” de particulares,  sospechosos de participar en apuestas ilegales. Ordenó: “a la compañía telefónica darle al FBI toda la información, servicios y asistencia técnica necesaria para la instalación de los registros de llamadas”.

 

La decisión del tribunal sentó un precedente ampliamente citado por cortes federales. En sus conclusiones se creó una especie de test de proporcionalidad que serviría como mecanismo para resolver futuros casos que involucraran  la ley AWA.

 

Según la sentencia todo juez que ordenara el acceso del FBI a las comunicaciones de las compañías debía tener en cuenta tres parámetros: (1) que la solicitud tuviera relación con la seguridad nacional; (2) que no supusiera una carga excesiva para la empresa; y (3) que permitiera asistencia de la compañía.

 

La carga excesiva, como segundo parámetro, es objeto de amplia discusión. ¿Qué entendió el tribunal por ella? La explicación de Apple ha sido muy clara: atenta contra la privacidad de sus clientes si desarrolla un software que desbloque los teléfonos móviles. Por tanto, puede alegar que la orden del juez corresponde a una carga excesiva para sus intereses corporativos. Pero la seguridad nacional sigue siendo el centro de la discusión.

 

Existe una extensa legislación que empodera al FBI para interceptar comunicaciones. En 1994 Bill Clinton decretó la CALEA, una ley que le permite al organismo interceptar llamadas telefónicas en el marco de una investigación criminal. Entiéndase, por ejemplo, el atentado de San Bernardino, que está bajo objeto de investigación.

 

Esta ley obliga, no exhorta como aseguran algunos, a las compañías de telefonía a compartir o interceptar conversaciones. Dicha regulación se fortaleció tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, cuando George W. Bush creó el “Patriot Act”, una ley que dotaba de mayores poderes a las agencias de inteligencia del Estado en la lucha contra el terrorismo.

 

A pesar de estas leyes,  WhatsApp y Apple no se dan por vencidos. Impulsados por la Quinta Enmienda constitucional (1789), asegura que el FBI viola la privacidad y libertad de los ciudadanos al acceder a sus comunicaciones.  

 

La quinta enmienda, texto constitucional que regula los procedimientos legales, trata de equilibrar los derechos del Estado con los del ciudadano,  en aras de un debido proceso. Apple y WhatsApp sostienen que una decisión como la que tomó el tribunal en California es desproporcionada y va en contra de la esencia de la enmienda.

 

Sin embargo, quien tiene la última palabra es el Congreso, que está autorizado para legislar sobre un tema tan espinoso. Según el portal Foreign Policy, la Casa Blanca está en un punto medio, no obstante, en los últimos días se ha echado para atrás frente al proyecto que le daría mayor autoridad a los jueces para ordenar desbloqueos e intercepciones de las conversaciones.

 

Tal iniciativa va ser presentada por dos senadores, Richard Burr, republicano, y Dianne Feinstein, demócrata, quienes pertenecen al Comité de Inteligencia del Senado. Obama, sin embargo, la puede vetar. Y supuestamente como su intención no es aprobarla, seguramente lo hará. Así que toca esperar al próximo presidente. ¿Trump?

 

Jugada política

Según Foreing Policy, algunos sectores en Washington están a favor de las comunicaciones encriptadas porque, dice el portal, impulsa el activismo sin las limitaciones que imponen los regímenes autoritarios en el mundo. Sin embargo, es difícil creer este supuesto.

 

Aunque detrás de este debate existe la intención de crear mecanismos efectivos que permitan una participación activa de los ciudadanos en la democracia de sus países sin  temor a la censura. Un ejemplo de ello fue el predominante papel que jugaron las redes sociales y los chats de Black Berry durante la Primavera Árabe.

 

En el mundo, sin embargo, se conocen varios ejemplos que han puesto en el centro del debate el desarrollo de software de cifrados. Las autoridades turcas detuvieron el año pasado a tres periodistas que buscaban crear un sistema para encriptar sus conversaciones. Entonces, ¿ahora WhatsApp será ilegal en Turquía?

 

De acuerdo a la ONG, Freedom House, a lo largo del mundo los gobiernos están prohibiendo los sistemas de cifrado. China por supuesto es el ejemplo principal, en donde los ciudadanos ni siquiera pueden acceder a internet. 

 

Pese a ello, la intención de los creadores de WhatsApp permanece intacta. Los recuerdos de un origen represivo hacen que sean reacios aceptar cualquier injerencia del Estado en la privacidad de los ciudadanos.

 

Jan Koum, uno de sus fundadores de origen ucraniano, dijo: "Crecí en la Unión Soviética durante el régimen comunista y la gente no podía hablar libremente. Esa es una de las razones por las cuales mi familia se trasladó a los Estados Unidos"

 

Su mensaje es claro, WhatsApp no claudicará en su lucha a favor de la encriptación. Así las cosas, el Congreso tiene la última palabra.