Los independentistas votaron este domingo en medio de la presión policial. Esta crisis, con final incierto, ¿de dónde viene?

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¿CÓMO se pudo llegar hasta aquí? La crisis entre los independentistas catalanes y el gobierno español alcanza mañana su paroxismo con la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido que podría sumir a España en una situación de consecuencias incalculables.

El desafío lanzado al Estado español no tiene precedente desde la frustrada intentona golpista del 23 de febrero de 1981, afirman líderes políticos españoles de izquierda y derecha.

El 6 de septiembre los independentistas catalanes convocaron el referéndum pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español y sin verdadero debate en el parlamento regional.

Desde entonces, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros han disuadido a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16% de los habitantes del país, de organizar el plebiscito.

Frente a la imposición de fuertes multas a sus organizadores, responden con una colecta de fondos entre militantes. Cuando la policía incauta sus papeletas de voto, llaman a los ciudadanos a imprimirlas en casa. Tras el cierre judicial de las webs del referéndum, abren otras en el extranjero.

Ante la demostración de fuerza de un Estado que despliega a miles de policías hospedados en cruceros anclados en el puerto de Barcelona, los independentistas recurren a la mofa. Uno de los barcos está decorado con un dibujo gigante del pájaro Piolín y el gato Silvestre: Cataluña se convierte en el pícaro canario amarillo perseguido sin éxito por el torpe felino.

Catexit

Las consecuencias de una secesión de Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes con 19% del PIB de España, son incalculables, como las del Brexit, lanzado también por un referéndum en junio de 2016.

"Es como el Brexit, igual de estúpido", se lamenta en el tren que la lleva a Barcelona Beatriz Migens, una sevillana de 43 años que vive en Madrid pero pasa dos días por semana en la capital catalana por su trabajo.

"Si ganan, el concepto de país sería algo totalmente distinto, como mutilarse un miembro (...) a mi alrededor el tema común es Cataluña, hay opiniones matizadas pero todos piensan igual y lo viven con tristeza", afirma Rodrigo Marrero, de 38 años, un abogado de Canarias que trabaja en Madrid.

La relación con el gobierno español "no nos funciona desde hace demasiado tiempo", afirma Ferran Mascarell, representante del ejecutivo independentista catalán en Madrid.

Según este político cuyo trabajo consiste en ser enlace entre "las dos sociedades", la amargura de los catalanes que se sienten despreciados por Madrid se transformó en ira con la crisis económica y la amputación del estatuto de autonomía catalán en 2010 por el Tribunal Constitucional español.

"Detrás de eso hay una revuelta de las clases medias contra el Estado" central, afirma.

Pero los contrarios al separatismo, en particular el partido de centroderecha Ciudadanos, afirman que la causa es menos noble. Según ellos, incitando a la independencia algunos políticos quisieron desviar la atención de los catalanes de los escándalos de corrupción y su mala gestión.

La realidad es compleja: Cataluña tiene su propio idioma y su cultura pero más de la mitad de sus habitantes procede de otros lugares o son descendientes de inmigrantes de otras regiones de España. Y sobre la independencia, los catalanes están divididos a partes casi iguales... incluso en el seno de algunas familias.

Sin embargo, más de 70% de los catalanes quiere que el debate se decida con un referéndum legal, según los sondeos.

Pero esto es totalmente inaceptable para el presidente del gobierno español Mariano Rajoy porque, dice y repite, es contrario a la Constitución. 

Rajoy quiere también probablemente evitar abrir la caja de Pandora en una España frágil, una monarquía muy descentralizada donde las 17 regiones tienen competencias desiguales.

Claveles rojos

Sin embargo, el daño a la imagen de una España que se vanagloriaba de salir de la crisis y haber terminado con los atentados de la organización independentista vasca ETA es ya importante.

Desde principios de mes, el Estado, sus jueces, sus policías, se enfrentan a manifestantes en su conjunto pacíficos y armados solo con claveles rojos. Bomberos, estibadores, agricultores o estudiantes se muestran unidos en torno a eslóganes como "Votaremos" o "Love Democracy".

Madrid ha logrado no obstante un punto esencial.

Incluso si los catalanes consiguen votar en masa el domingo, el ejecutivo regional no pudo organizar un plebiscito que satisfaga los criterios de reconocimiento internacional: no hay censo electoral, ni comisión electoral y los contrarios a la independencia boicotean la consulta.

Ganando 'puntos'

Los esfuerzos por llevar la crisis más allá de los Pirineos fueron por el momento en vano a nivel político. Preguntados por Cataluña en la cumbre europea, los pocos mandatarios que se pronunciaron prefirieron mantener la prudencia y Juncker indicó además que no se abordó el tema durante la reunión.

"En este momento es todavía un asunto interno español y veremos si más tarde llega al orden del día a nivel europeo", aseguró la víspera el primer ministro belga, Charles Michel, quien gobierna en coalición con los independentistas flamencos.

Para Laborderie, Madrid se ha asegurado que "no haya un apoyo de la independencia catalana ni por parte de la Comisión ni de los Estados miembros", Sin embargo, respecto a la opinión pública europea, "los independentistas catalanes están ganando puntos", desde el punto de vista político.

Para este experto, "los medios europeos están abordando la cuestión catalana y la voluntad de prohibir el voto es muy difícil de defender". "Eso es muy dañino para la imagen de España en el extranjero y, todavía más, en Cataluña", apunta.

Para contrarrestar esta imagen, las autoridades españolas han multiplicado en los últimos días los contactos con la prensa internacional. En un encuentro con periodistas extranjeros en Tallin, una fuente diplomática española defendió que la convocatoria de la consulta es "ilegal" y que, al final, "se impondrá la legalidad". 

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