La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría tienen las alarmas prendidas frente a supuestos hechos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Por ello desde el Gobierno se viene trabajando en una restructuración del Programa y se habla del banco de alimentos 

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Crear un banco de alimentos ante los escándalos de corrupción sobre el manejo del Programa de Alimentación Escolar, PAE, es el plan que está analizando el Ministerio de Educación para erradicar de plano los malos manejos.

De esta manera el Gobierno atenderá los requerimientos y alarmas  sobre el programa.  Ya el procurador Fernando Carrillo pidió al Gobierno un cambio de modelo para evitar que sean los  mismos contratistas los que se queden con el manejo del PAE en el país.

El jefe del Ministerio Público pide que las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud asuman desde 2018 la vigilancia de la calidad y oportunidad del complemento alimenticio que reciben los estudiantes, así como las condiciones de salubridad de los mismos. 

El llamado del órgano de control es a cerrar la puerta a la contratación directa del PAE, que en 2017 fue del 79% (1.032 convenios). Solo el 2% correspondió a licitación pública.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría analizó 7.880 procesos contractuales PAE firmados desde 2013, y puntualmente los 1.307 que los 32 departamentos y Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal  -Secop- en 2017, por un valor de $447.255 millones.

Cobertura

En la actualidad no hay cobertura del 100% en las 41.644 sedes educativas priorizadas para el PAE. A los niños que no reciben ese complemento alimenticio se les pone en riesgo el acceso al derecho a la educación y a formarse como un individuo de manera integral.

Adicionalmente, en un alto porcentaje de las sedes educativas que tienen cobertura PAE se estarían presentando problemas con el cumplimiento oportuno de las entregas de las raciones alimenticias o las que entregan no cumplen con los requerimientos nutricionales que demandan los niños y adolescentes para su crecimiento.

Por su lado la Fiscalía General de la Nación revisa la contratación del PAE en 13 departamentos del país, en busca de posibles irregularidades en la suscripción de los convenios, por una cifra superior a los $147 mil millones.

Lo que se indica es que se han detectado posibles actos de corrupción en los departamentos de Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Bolívar, Huila, Amazonas, Magdalena, Atlántico, Sucre, Valle del Cauca, y Magdalena.

La Contraloría

El pasado 21 de noviembre la Contraloría General de la República, CGR, denunció el sobrecosto en la adquisición de alimentos para los colegios públicos en 17 regiones del país en donde incluso se autorizó la compra de pechugas de pollo a $40.000 la unidad.

En el Programa a pesar de las denuncias se siguen robando la plata. “Hallazgos fiscales en 17 departamentos. La CGR evidenció que durante 2016 más de 32 millones de raciones se dejaron de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de recursos", dijo el contralor, Edgardo Maya Villazón, en la rendición de cuentas de su tercer año de gestión.

A esto la ministra de Educación Yaneth Giha, respondió que “una de las cosas que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, los recursos públicos son sagrados, los recursos de la educación son muy sagrados, y por eso todo tipo de corrupción que le quite los recursos públicos a los niños, tiene que ser castigado por la ley”.

Dijo que es un programa complejo desde todo punto de vista y por eso si hay corrupción lo que debe es primar la ley. “Lo que hemos entendido es que se necesita más asistencia pública y hemos hecho visitas, auditorias y me he reunido con los gobernadores”, sostuvo.

Señaló la Ministra que ya se está trabajando en una mejor priorización, mejor contratación, y se ha  pensado en una agencia de alimentos

Respaldo a petición

En este orden de ideas desde la Federación Nacional de Departamentos por medio de su director Plinio Olano, se une al llamado de la Procuraduría General, de adoptar cambios profundos en el modelo de prestación del PAE, posición que ha sido expuesta de manera reiterada por la Federación y los gobernadores, luego del diagnóstico que se realiza con el Ministerio de Educación en cada departamento y en el que se ha evidenciado que con el presupuesto para 2018, es fiscalmente imposible en la mayoría de las regiones del país cumplir con el programa.

“Las deficiencias en la estructura del PAE han sido un tema de debate con el Gobierno nacional, razón por la cual lo hemos revisado en 4 cumbres extraordinarias, identificando las principales dificultades que los gobernadores tienen a la hora de programar y ejecutar el Programa de alimentación Escolar. También hemos desarrollado más de 20 mesas técnicas con el Ministerio de Educación para generar propuestas que mejoren su funcionamiento en el 2018. Toda nuestra colaboración a disposición del señor procurador”, afirmó Plinio Olano.

Por su lado Gilberto Toro, director de la Federación Nacional de Municipios, dijo que “si creyéramos en los gobiernos locales, si los recursos para la alimentación escolar estuvieran en manos de los alcaldes y la comunidad educativa, si ellos contaran con unos recursos estables, vigilados directamente por los papás, con aportes, incluso de mano de obra de los papás, esos recursos no se hubieran perdido. Pero ahora se quiere hacer una agencia nacional para la alimentación escolar como si manejar todo desde Bogotá fuera la solución”.

Proyecto de ley

Asimismo, fue radicado por la senadora Yamina Pestana en el Congreso un proyecto de ley que propone adicionar un artículo -circunstancias de agravación punitiva- a la Ley 599 del 2000 (Código Penal), para endurecer penas a quienes malversen recursos destinados a la seguridad alimentaria.

Actualmente los delitos en los que pueda incurrir una persona que malverse recursos destinados a programas de seguridad alimentaria, se definen dentro de la categoría de delitos relacionados con la administración pública, es decir, no existe un tipo penal específico que castigue este tipo de comportamientos.

Tomando como referencia las cifras de muertes relacionadas con la desnutrición infantil, Pestana explicó que con el proyecto lo que se busca, además de darles herramientas precisas a las autoridades competentes, es "generar un principio axiológico, una especie de reproche social desde el orden jurídico y destacar el carácter sagrado que reviste la alimentación".

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