LA SENTENCIA DEL TSJ DE VENEZUELA
¿Inconstitucional la Ley de Amnistía?
Negros nubarrones se ciernen sobre la estabilidad institucional de Venezuela por cuenta de un gobierno que ya no representa las mayorías nacionales que se han expresado en la elección presidencial última y en la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, en donde las fuerzas del PSUV quedaron reducidas a una tercera parte. Pero peor todavía el hecho de que no tenga el más mínimo interés en respetar la voluntad mayoritaria de un pueblo que espera un cambio de rumbo en la orientación de sus destinos porque está soportando toda clase de privaciones y sacrificios comenzando por la escasez de sus productos básicos, la inseguridad y la corrupción.
Tal como se veía venir, el régimen que domina a Venezuela le ha dado un zarpazo al órgano legislativo con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia. Primero al declarar constitucional el Decreto de Emergencia Económica que no contó con el aval de la Asamblea y ahora ha resuelto declarar inconstitucional “la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016.
El pasado 7 de abril, Nicolás Maduro remitió la Ley al Tribunal Supremo de Justicia para el examen de su Sala Constitucional, invocando el argumento de que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría un espiral de violencia en el país.
La sentencia sostiene que la Ley contiene “delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos.” También se refiere a delitos administrativos que “vulneran la defensa del Patrimonio Público y la lucha contra la corrupción.”
Estas consideraciones parten de la definición de que no hay presos políticos en Venezuela. O sea que Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros, son delincuentes comunes y que, por consiguiente, han liderado las protestas con la orden de asesinar gente.
Que desfachatez. Razón tiene Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, cuando afirma que el TSJ es el “bufete jurídico” del gobierno. Es evidente su dependencia del Ejecutivo. Elaboraron una sentencia en tres días que desconoce deliberadamente las más elementales nociones del delito político en el mundo civilizado. Han pasado por encina de un órgano soberano que tiene más apoyo popular que el Ejecutivo. Se parece al tratamiento que dieron a los golpistas de 1992 que hoy gobiernan a Venezuela, cuando intentaron derrocar a la fuerza al gobierno legítimo de entonces.
Resulta claro entender, como ya lo hemos dicho en otras columnas, que el régimen de Venezuela no profesa los principios del sistema democrático de los que se sirvieron para llegar al poder. No respeta la separación de poderes, la libertad de expresión, el derecho a la protesta. Está acabando con los pocos espacios democráticos que quedaban por mantener a una camarilla burocrática en el poder, que pasa de un cargo a otro por turnos sin ningún rubor, de acuerdo con las conveniencias e intereses del Gobierno. De nada servirá invocar la Carta Democrática Interamericana. Ya acusan a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, de desviación de sus funciones.